España pide de plazo hasta 2027 para aplicar prácticas sostenibles

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, solicitó ayer al resto de socios europeos que la flexibilidad prevista para aplicar ecoesquemas de la nueva PAC se aplique hasta 2027 y no únicamente durante los primeros dos años de aplicación, como está previsto en el último texto que llegó a la mesa de la reunión. El español subrayó que el Gobierno está a favor de incluir un gasto mínimo del 20% para estos regímenes que deberían ser opcionales para los productores pero obligatorios para los Estados miembros.

«Tiene que haber flexibilidad en su aplicación. Tenemos que aplicar ese gasto mínimo sobre el conjunto del periodo, teniendo en cuenta no sólo el aprendizaje 2023-2024, si no en el conjunto de este periodo 2025-2027», ha añadido a continuación.

Así, remarcó que es necesario mejorar los mecanismos de transferencia financiera entre intervenciones «para optimizar los límites presupuestarios», especialmente en países que funcionan con derechos de pago, como España.

También con respecto al reglamento sobre planes estratégicos, Plana trasladó a sus colegas que es necesario «introducir criterios de elegibilidad nacionales» que permitan lograr un «enfoque mejor» en el pago redistributivo, un «elemento esencial» para España.

En relación al reglamento horizontal, el ministro español abogó por que se incluya a los organismos de certificación de Estados descentralizados y mantener el umbral de 2.000 euros en la aplicación de la disciplina financiera. «No se puede justificar su eliminación por razones de simplificación», ha expresado.

Finalmente, Planas reclamó que se incluya en el texto la continuidad de los sistemas de autorización de plantación de viñedos más allá de 2030.