Naturgy tiene un año para cerrar la central térmica y otros cuatro para desmantelarla

La Dirección General de Política Energética y Minas ha emitido la resolución que autoriza a Naturgy a comenzar el cierre de los grupos I y II de la central térmica de La Robla, un proceso para el que tiene doce meses de plazo desde la publicación ayer de la resolución, fecha en la que la central quedará declarada indisponible.

En el texto, publicado en el Boletín Oficial del Estado, se especifica también que la compañía eléctrica tiene cuatro años para culminar el desmantelamiento de las instalaciones, desde el momento en que el cierre de la central se haga efectivo.

La resolución recuerda que la resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, adoptada el pasado 29 de septiembre, en la que formuló informe de impacto ambiental del proyecto concluyendo que no es necesario el sometimiento al procedimiento de evaluación ambiental ordinaria del mismo, ya que no se prevén efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, siempre y cuando se cumplan las medidas y condiciones establecidas en el documento ambiental y en dicha resolución.

El proyecto presentado por Naturgy en junio de 2019 ante el Ministerio de Transición Ecológica opta por una «demolición selectiva», que permite rentabilizar en lo posible los materiales susceptibles de reciclaje y genera un menor impacto ambiental que el que produce una demolición convencional.

Ambas opciones, consideradas por la empresa mejores para el entorno que el abandono sin más de las instalaciones actuales, que fue una de las opciones analizadas, con el consiguiente daño medioambiental que esta dejadez produciría.

El proyecto contempla una inversión de 12,9 millones de euros para hacer desaparecer las actuales instalaciones y dejar los terrenos adecuados medioambientalmente.

Un presupuesto que centra el mayor coste (8,2 millones) en el desmantelamiento de las instalaciones, pero que contempla casi 3 millones en las actuaciones previas a la demolición y otros 1,3 millones en la gestión de los residuos generados, entre otros gastos necesarios.

La memoria presentada por Naturgy para llevar a cabo esta actuación centra también buena parte de su apartado económico en argumentar los beneficios económicos que para las rentas empresariales y de servicios de la zona tendrá todo el proceso de desaparición de la térmica.

Así, considera que a la inversión directa en la demolición de las estructuras hay que sumar 11,65 millones de euros que la desaparición de la industria energética generará a las empresas de obra civil e ingeniería que participen en el proyecto.

La memoria realiza un cálculo de la renta que todo este proceso generará a nivel local en construcción y obra civil: 6,2 millones de forma directa y 5,7 millones en actividad indirecta. En total 11,9 millones de euros, a los que hay que «completar con los efectos inducidos por las nuevas rentas en la expansión de las empresas de bienes y servicios o consumo».

La desaparición de la térmica dejaría así en La Robla, según la eléctrica, una inversión de 11,9 millones, más 8,9 millones que supone que será el incremento de las rentas de las economías familiares de la zona durante el proceso más 7,15 millones en los que calcula el gasto en el consumo. En total, casi 28 millones de euros, «las rentas generadas en el ámbito local por las obras de demolición de la central térmica». Por lo que considera que el impacto el proyecto sobre la «socioeconomía de la zona será moderado y positivo». A los que hay que añadir la adecuación de una parcela aledaña que entre la inversión directa, indirecta e inducida calcula en otros más de 533.000 euros.

En la demolición de la térmica a se generarán 156.443 toneladas de residuos, de las que 87.764 —en un 56%, hormigón con el que se construyeron las instalaciones—, se reutilizarán en el relleno de balsas de decantación, fosos y sótanos que existen en las instalaciones, a fin de conseguir una parcela nivelada, y otras 68.679 se expedirán para su valorización o eliminación por parte de gestores autorizados. A lo largo de los 36 meses que durará el proceso, se estima una salida diaria de dos a tres camiones de material para su tratamiento.

Se trata en su mayor parte de residuos no peligrosos —136.724 toneladas—, entre los que se encuentra hormigón, madera, ladrillos, diferentes metales, cableado y materiales de aislamiento, a los que se suman otras 19.724 toneladas de residuos peligrosos, que representan el 12,6% del total. Cerca 1.120 toneladas son materiales con amianto y cerca de 13.000 toneladas son tierras con sustancias peligrosas, cuyo destino será la eliminación.