La Ley Celaá apuesta por que el alumno estudie Primaria en su municipio

La Lomloe o ley Celaá quiere garantizar un puesto escolar gratuito en Educación Primaria en las zonas rurales y por ello señala que esa etapa se hará en el propio municipio del alumno que, en el caso de que tenga que trasladarse a la zona escolar más próxima, será minimizando el tiempo de desplazamiento.

Es una de las medidas del proyecto de la ley Celaá —su dictamen se vota este viernes en la Comisión de Educación del Congreso— para «proteger y reforzar la educación de calidad en contextos rurales».

Lo destacó a Efe la portavoz de Educación del PSOE, Luz Martínez Seijo, que resaltó que todo ello va en línea con la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico y recordó que alrededor de 282.000 alumnos están escolarizados en municipios de menos de 2.000 habitantes. «Son solo el 3,5 % del total de alumnado del sistema» pero en algunas comunidades se rebasa ese promedio: Galicia (17,5 %), Asturias (12,1 %), Extremadura (9,5 %) y Castilla y León (7,8 %).

También estos territorios, además de Aragón y La Rioja, son los más afectados por el riesgo de despoblación, con más de un 70 % de sus municipios con pérdida de residentes en los últimos veinte años (1998-2018). En esas últimas dos décadas, la población de los municipios de 1.000 o menos habitantes ha caído un 8,9%.

Por tanto, hablar de escuela rural o de educación rural «implica poner en valor un servicio público que garantiza la funcionalidad y vitalidad de las zonas rurales», afirmó Martínez Seijo. Otras medidas en la Lomloe a favor de los alumnos de la escuela rural son que las becas se consideran «un derecho subjetivo» (para quien las necesite para trasladarse a otras zonas y continuar sus estudios) y que la «singularidad rural» gana peso en los Programas de Cooperación territorial con fondos cofinanciados por el Estado y las comunidades.

Y se especifica también que se favorecerá la permanencia en el sistema del alumnado de las zonas rurales «más allá de la enseñanza básica», con lo que, a diferencia de la Lomce o ley Wert, no se evita una mayor inversión pública para asegurar oferta de Bachillerato y Formación Profesional en el ámbito rural, ha comentado.

En el nuevo artículo 82.3 se insta a las administraciones educativas a impulsar el incremento de la escolarización del alumnado de zona rural en las enseñanzas no obligatorias con una oferta diversificada.