El retraso en la restauración de minas ha causado daños económicos y ambientales

Los cierres desordenados de las explotaciones mineras y la falta de restauración han provocado ya «daños económicos y ambientales» en las cuencas, según admite el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) en el documento de consulta pública previa del Plan de restauración ambiental para zonas afectadas por el cierre de instalaciones mineras, un informe que hizo público ayer para recibir aportaciones durante los próximos 30 días. Según el Miteco, la repercusión negativa sobre el territorio de las minas sin restaurar se ha agravado al coincidir con la pandemia aunque señala que, pese a todo, «la restauración de las minas y el desmantelamiento de las instalaciones asociadas puede ser una oportunidad para la generación de nueva actividad y empleo a corto plazo».

Dos años después del cierre de las minas, en diciembre de 2018, el ministerio sigue realizando una «identificación preliminar» de los proyectos que se deben realizar dentro de este plan «con el objetivo de priorizar la contratación de excedentes mineros». El Gobierno reconoce que en las cuencas existen muchos pasivos ambientales sin restaurar y que la situación de las empresas que cerraron en 2018, que se encuentran en proceso concursal o en liquidación, ha tenido como consecuencia que «la gran mayoría de los trabajadores excedentes del carbón es España no han podido ser empleados en las actividades derivadas del cierre de las minas». En concreto, no se han podido mantener la seguridad en las explotaciones abandonadas y tampoco se ha podido garantizar que la inactividad no ha tenido efectos en el medio ambiente, «como el control del vertido de aguas acidificadas a los cauces de los ríos». Tampoco, evidentemente, se ha podido recuperar el paisaje en aquellos lugares con explotaciones a cielo abierto.

Además de la situación de las empresas, el ministerio se refiere a la «propia instrumentalización del programa del antiguo IRMC», que requería la cofinanciación de las comunidades autónomas y que «ha entorpecido y retrasado la puesta en marcha de estas actuaciones que se consideran esenciales».

Esta nueva regulación que ahora sale a consulta pública establecerá los criterios y requisitos par a la concención directa de las ayudas a las comunidades autónomas, como responsables de las explotaciones en situación concursal o liquidación «agilizando y dotando de mayor efectividad la gestión de estas actuaciones». El Gobierno también justifica la concesión directa de las ayduas en el «interés público, económico y eminentemente social» de los proyectos «derivado de la necesidad de recuperar recursos naturales degradados y de potenciar la recualificación y reorientación económica de las zonas en transición mediante una política de desarrollo económico alternativo, que no es posible en entornos contaminados o degradados». En este proceso se incluirá también el cierre de las centrales térmicas, que puede requerir actuaciones de «índole urbanístico que faciliten los nuevos usos económicos y sociales más allá de las obligaciones legales de las empresas relativas al cierre y desmantelamiento» de las instalaciones.

El plan que prepara el Miteco se incluirá en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que se financiará con el Instrumento Europeo de Recuperación y que tendrá un presupuesto de 150 millones de euros, según señalaron la semana pasada fuentes del Instituto para la Transición Justa.

El Marco de Actuación para los programas de inversión que se incluyen en el fondo de recuperación será el acuerdo firmado por el ministerio, patronal y sindicatos en 2018 y que establece los criterios y actuaciones para la Transición Justa de las cuencas entre 2019 y 2027.