Objetivos ambientales contra los intereses de los agricultores

«El agua pasa de ser un bien público, objeto de uso económico por parte de los diferentes agentes sociales y económicos, a ser un objeto de protección pública, en la búsqueda de su buen estado ambiental». Esta frase es la que, para Ferduero, resume el espíritu del Esquema Provisional de Temas Importantes del Plan Hidrológico de la Parte Española de la Demarcación Hidrográfica del Duero (EPTI), un documento que «lesiona gravemente los intereses de los usuarios a los que representamos porque incide únicamente en la consecución de los objetivos ambientales, dejando a un lado la actividad económica derivada del uso del agua y la satisfacción de las demandas», según explica el presidente de la federación, Ángel González Quintanilla.

El representante de los regantes de la cuenca cree que las inversiones en infraestructuras reflejadas en los planes anteriores son «papel mojado», porque «ni se ha avanzado en la modernización prevista, ni se ha mejorado en la mayor regulación para garantizar el recurso en las zonas deficitarias (a pesar de contar en el plan vigente con varias obras con nombre y apellidos que están paralizadas)». Además, añade que las infraestructuras de explotación dependientes del Estado están «obsoletas» ya que nadie realiza ningún tipo de inversión en la que los usuarios van a pagar la parte que les corresponde. González Quintanilla también denuncia que la pretensión de implantar caudales medioambientales máximos en 19 ríos regulados es «un auténtico atentado a la garantía de agua destinada al uso agrario» y que el planteamiento de que los regantes paguen un coste ambiental que se estima en 350 millones de euros anuales supone «la ruina para el sector es clara, de ahí nuestra rotunda oposición».