Caja Rural de Zamora despidió a dos empleados por cargar a la entidad facturas del grupo Tábara
Una constructora zamorana recibió 1,8 millones en créditos encubiertos
Caja Rural de Zamora ha despedido a los dos empleados de su sucursal de Camarzana de Tera, a quienes acusa de haber concedidos créditos encubiertos d
Una auditoría que se llevó a cabo el pasado marzo en Caja Rural de Zamora detectó lo que la entidad ha calificado como créditos encubiertos y sin intereses, por un importe que llegó a superar los 1,8 millones de euros y varios meses de plazo, que habría concedido el director de la sucursal de la entidad en la localidad de Camarzana de Tera al grupo de empresas Hermanos Tábara Lobo, una de las principales constructoras de Zamora, que ha resultado también adjudicataria de varias obras públicas en la provincia de León. El proceder para estos créditos encubiertos consistía, según consta en la comunicación de los despidos disciplinarios a los dos empleados de la sucursal, en que los cargos que se giraban por parte de Repsol y Cepsa contra Hermanos Tábara Lobo se cargaban a nombre de Caja Rural, en vez de al del verdadero deudor, en cuentas administrativas de la propia entidad. Es habitual que las entidades financieras utilicen sus cuentas administrativas de forma puntual para hacer frente a obligaciones de clientes habituales, pero en este caso se sobrepasaron con mucho tanto las cantidades máximas en estas operaciones como los plazos, ya que en ocasiones se han mantenido varios meses cuando el límite que establece la caja para regularizar estas situaciones es de quince días. La dirección de Caja Rural de Zamora, que cuenta en la provincia de León con oficinas en La Bañeza, Astorga y Valencia de Don Juan, acusó además al director de su sucursal en Camarzana de Tera de ocultar deliberadamente estas operaciones a la entidad, de forma que se impedía su control al no informarse a los servicios centrales de la caja ni reflejarse ni en las cuentas de los clientes. La entidad también acusa al director de la sucursal de Camarzana de haber concedido a una persona un crédito de tres millones de pesetas, que entregó en metálico desde la cuenta administrativa sin que el beneficiario firmara documento alguno y sin informar a los servicios centrales de la caja, lo que no fue descubierto hasta que se llevó a cabo la auditoría porque esta operación se contabilizó como si se tratara de un recibo de Cepsa. Caja Rural de Zamora actuó ante estas irregularidades y otras de menor envergadura con el despido disciplinario del director de la sucursal y del único empleado con el que contaba.