La banda de ladrones de bares logró robar en 60 locales desde marzo

La Guardia Civil ha logrado identificar a los cinco jóvenes que perpetraron cuatro robos en establecimientos hosteleros y lo intentaron sin éxito en otro en la madrugada del pasado día 4. Pertenecen a una banda organizada de delincuentes, que tiene su sede en un poblado de Burgos, y que está integrada por una veintena de familiares. El primer antecedente policial del grupo en León se remonta a 1998. Desde el 11 de marzo de este año se les atribuyen 60 robos en bares. En una sola noche de mayo llegaron a forzar establecimientos de 19 localidades situadas entre Puente Villarente y Burgos. Sin embargo para poder desarticular a esta banda, los agentes necesitan encontrar huellas y testigos que relacionen todos los robos. Tal y como esta planteada la legislación que afecta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los funcionarios encuentran grandes dificultades para detener a delincuentes que huyan por carretera. Limitaciones legales No pueden realizar disparos intimidatorios, colocar pinchos o atravesar vehículos en la carretera para parar a los fugados. La circular número 3 del 13 de mayo de 1998 especifica claramente que «cuando se pretenda dar alcance en vías públicas a presuntos delincuentes no se realizará persecución alguna que ponga en peligro la seguridad de los demás usuarios o la suya propia, se pondrá en conocimiento de la central de servicios y se realizará un seguimiento a una velocidad acorde con las normas de circulación». Los ladrones no suelen respetar esas normas de velocidad y sólo con un helicóptero podría ser efectivo el seguimiento. Sin embargo, el helicóptero de León carece de visor nocturno y no puede volar por las noches. El general de la 12 Zona explicaba a la Comandancia de Ávila en una misiva del pasado 4 de enero que una patrulla no puede usar las cadenas de pinchos, porque «no están regladas», y que la desobediencia de la señal de alto dada por los guardias no constituye lícito penal Sanciones a guardias Es más, a los funcionarios que cruzaron el pasado enero su vehículo en Puente Villarente para detener a ladrones procedentes de Aleje se les abrieron diligencias de información verbal por su actuación y aún no saben si tendrán que responder por los daños del coche.