El alcalde se muestra tranquilo ante la denuncia presentada en su contra

Emilio de la Mata no entiende cómo el expediente instruido por la Junta Electoral Central -por la denuncia del portavoz popular en el Ayuntamiento de La Bañeza, José Manuel Rodríguez-, esté fechado el 31 de mayo «cuando la Junta Electoral Central cursa la entrada de la denuncia el 5 de junio». La salida de la denuncia se produjo en La Bañeza el 4 de junio y un día después, el presidente del organismo dicta la resolución que insta a De la Mata a mandar un informe al respecto, así como las alegaciones que estime oportunas. Con el baile de fechas el primer edil advirtió a populares y leonesistas de que «se aten los machos» y añadió, respecto a la denuncia presentada por ambos grupos en el Juzgado de guardia de La Bañeza, que el proceso «va a ser un largo recorrido, porque creo que he cumplido la Ley Electoral tal y como dice el texto y no interpretándola a mi gusto, como hacen otros» «Transfuguismo» El alcalde de La Bañeza tampoco ahorró ayer críticas a la dirección del Partido Popular en la provincia, pues considera «insólito que el presidente del PP admita transfuguismos como los que se producen aquí, más aún cuando se han detectado irregularidades en la gestión de la UPL al frente del Ayuntamiento». Por otra parte, Emilio de la Mata señaló que no ha recibido notificación alguna de los Juzgados, comunicándole la presentación de la causa civil. Por su parte, el portavoz del grupo municipal del PP, José Manuel Rodríguez, indicó ayer que su partido y la UPL ha recurrido a la Justicia ordinaria dadas «las decisiones totalmente arbitrarias del alcalde, porque entiendo que su maniobra dilatoria, que ya va para veinte días -Juan Carlos Román presentó su renuncia al cargo de concejal el 24 de mayo-, tiene como objetivo permanecer en la alcaldía, defendiendo su afán personal frente a los intereses colectivos». Rodríguez explicó que «no me corresponde juzgar al alcalde», pero, tanto el PP como la UPL, estiman la posibilidad de que «se haya cometido un presunto delito, por parte de la autoridad o funcionario público, contra los derechos individuales, al obstaculizar el acceso de Daniela Fernández al cargo de Concejal». Según Rodríguez, esta conducta está tipificada en el artículo 542 del Código Penal y atenta contra el artículo 23 de la Constitución, que regula el derecho a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, tanto por sí mismos o a través de sus representantes, «que es un derecho fundamental, como el derecho de asociación, o el derecho a la vida, por citar algún ejemplo».