Tres miembros de una red admiten que prostituyeron a 9 sudamericanas

Las cuatro personas detenidas por la Guardia Civil en agosto del 2000 como presuntos explotadores de nueve mujeres extranjeras que se dedicaban a la prostitución en el club Principado, de Albires, se enfrentaban antes del juicio de ayer a peticiones de pena que sumaban 27 años de cárcel para cada uno e indemnizaciones millonarias. Sin embargo, tres de ellos alcanzaron un acuerdo de conformidad que evitó tres días de juicio y la toma de declaración a una veintena de testigos. Así, Enrique Pérez Gómez, admitió ante la jueza del Penal número 2 de León que supervisaba el negocio de prostitución en el local de alterne y la llegada a España de mujeres sudamericanas. Aceptó una condena de cuatro años y una multa de 18 meses con cuotas diarias de seis euros. Los camareros José Luis Serna y Francisco Recuerdo, que contribuían a vigilar a las mujeres, aceptaron la misma multa económica y una condena de tres años de prisión. Sólo el supuesto encargado del Principado, Antonio G. G., renunció a pactar su pena y al servicio del que hasta ayer había sido su abogado defensor, de modo que deberá ser juzgado en las próximas semanas. Según quedó probado, las trabajadoras vivían bajo amenazas, tenían recortada su libertad fuera del local y no percibían el dinero que ganaban. Pérez, Serna y Recuerdo se pusieron de acuerdo, «y con ánimo de lucrarse, introdujeron y/o forzaron a nueve mujeres a ejercer la prostitución» desde mayo a agosto del 2000. Los imputados se aprovechaban de la «situación de necesidad económica» de las extranjeras, que procedían de Ecuador, Brasil y Colombia. Todas llegaron a España del mismo modo. Recibían una oferta laboral y mil dólares en su país de origen a través de personas que contactaban con Enrique Pérez. A cambio firmaban un documento asumiendo deudas de 3.606 euros a 6.010 euros. Conocían el trabajo que iban a desempeñar y lo aceptaban, aunque se les había dicho verbalmente que recibirían directamente el dinero que obtuviesen con su trabajo. Sin embargo, cuando llegaban a España vía aérea por Barajas o desde París, se les retiraban los mil dólares y Pérez las conducía al club Principado, del que era arrendatario. En la nueva vista oral habrá que probar que cuando entraban en el local, el acusado Antonio G.G. era quien les explicaba las condiciones del trabajo. Estarían «bajo vigilancia y con control de las escasas salidas del club, retención de dinero para ir saldando la deuda, cobro de gastos de manutención, alojamiento y por incurrir en faltas como retrasarse con un cliente, sentarse en determinados lugares, darle bebida a una compañera, incumplir el horario o no querer trabajar estando enfermas», especifica la fiscal. Los dos camareros recibían el dinero de los servicios sexuales, cooperaban en la vigilancia de las mujeres e informaban del trabajo que realizaba cada una.