Motivos para una huelga general

El Gobierno del PP tendrá que hacer frente el jueves a su primera huelga general desde que llegó al poder. Lo que en un principio parecía un fracaso anunciado de los sindicatos, se plantea ahora como una incógnita que preocupa a los populares. Más si cabe porque muchos de ellos están convencidos de que ha sido el propio Aznar quien ha alentado la protesta con sus declaraciones y desafíos permanentes. Desde aprobar la reforma del seguro de desempleo por decreto hasta plantear el problema como si se tratara de un partido de fútbol en el que el Gobierno «va a ganar». El viernes será el día en el que Aznar, rodeado de líderes europeos, tendrá que digerir, con placer o con resignación, los resultados de su pulso contra el Estado del Bienestar. La reforma impulsada por el Gobierno supone una merma considerable de la cobertura social mínima garantizada, perjudica a los trabajadores y no garantiza ni el futuro del sistema ni la creación de nuevos puestos de trabajo, aseguran los expertos. Y se apoyan en datos objetivos: el superávit del Inem supera los 3.500 millones de euros (más de medio billón de pesetas) por lo que no se explica la oportunidad de la reforma en términos económicos. Además, el 43 por ciento de los desempleados españoles no perciben ninguna prestación ni subsidio. Los sindicatos y los partidos de izquierda consideran que, además de inoportuna, la reforma es injusta: a los trabajadores mayores de 52 años, despedidos con planes de prejubilación, se les retira el subsidio por desempleo, mientras la indemnización pasa a ser considerada como renta. Los trabajadores fijos discontinuos perderán cualquier tipo de prestación por desempleo. Y a los emigrantes retornados del extranjero se les exige el doble del periodo actual para tener derecho a las prestaciones de paro. La pérdida de derechos de los trabajadores se agrava con la supresión del salario de tramitación en los despidos improcedentes. La media de duración de esos salarios se sitúa en cuatro meses, que es también la duración de la prestación por desempleo cuando se acredita un año de cotización. A partir de la reforma, los trabajadores cobrarán directamente la prestación, inferior al salario. La conclusión es evidente: a muchos trabajadores les perjudicará más, económicamente, la supresión del salario de tramitación que la supresión de la prestación. A lo que se añade la pérdida de cotizaciones durante ese periodo, con el consiguiente perjuicio para el trabajador, junto a un importante ahorro para las empresas, las grandes beneficiadas por esta reforma, que a partir de ahora no tendrán inconveniente en no pactar los despedidos con sus empleados y preferirán ir a juicio: al menos aplazan los pagos. El decretazo recorta prestaciones a los trabajadores por cuenta ajena y sencillamente se olvida de los autónomos, cada vez más y cada vez más decisivos en la creación de riqueza. Seguirán pagando sus cotizaciones y, como ahora, no tendrán apenas ningún derecho, ni siquiera a las prestaciones por desempleo que por equidad y justicia les corresponden. Sólo estas medidas, nefastas para los trabajadores, injustas y enmarcadas en la política neoliberal que trata de desmantelar el Estado del Bienestar en beneficio de los más poderosos, ya justifican la huelga. Pero en el caso de León el paro está aún más justificado: la situación del empleo en la provincia es la peor de las dos últimas décadas; el año pasado sólo 212 titulados por la Universidad de León consiguieron empleo, según la propia Universidad, y el 22 por ciento de los inscritos en el Inem poseen una carrera universitaria. La propia Junta reconoce que en el primer trimestre de este año se han multiplicado por diez los expedientes de regulación de empleo en la provincia y el número de nuevas empresas descendió casi una cuarta parte respecto al mismo periodo del año anterior, un año ya de por sí nefasto para la creación de nuevas sociedades. León, la provincia donde más ha crecido la inflación en el último año, tiene la tercera peor tasa de actividad del país, según el INE y, de acuerdo con la nueva EPA, en el primer trimestre se crearon 5.230 nuevos desempleados, lo que supone un incremento del 30 por ciento. En las cuencas mineras, en los cuatro años de vigencia del Plan del Carbón, se han destruido 1.166 empleos y se han prejubilado 3.312 personas. Las cifras justifican una huelga y destrozan los argumentos sobre el espléndido presente y mejor futuro de la provincia. El paro general del 20-J es la primera oportunidad que tiene la provincia de plantarle cara al presente y abandonar su endémico victimismo. El Estado del Bienestar es un derecho de ciudadanía, y sobre todo en una provincia que lo necesita no sólo para progresar, sino para sobrevivir. León necesita políticas que acaben con su estancamiento socioeconómico. Y si las instituciones no las ponen en marcha, tendrán que ser los ciudadanos quienes las exijan, con sus votos y con huelgas generales políticas.