Un sueldo con un cálculo complicado de trenzar

El actual decreto de prejubilaciones en la minería del carbón data de 1998. Desde entonces se han producido por encima de 7.000 en toda España, 3.300 en León (más del 47%). En la minería pública (Hunosa), los que se acogen -es voluntario, aunque hasta ahora casi nadie renuncia- perciben el 100% del salario de activos, mientras que en la privada es sólo el 78%. El minero se va del pozo cuando su edad bonificada alcanza los 52 años. Se calcula sumando a la real el coeficiente reductor que se les aplica por categorías y que va en función de la penosidad, insalubridad y toxicidad del puesto. Abandonan el tajo con una media de 42-43 años naturales. El salario se calcula en base a los seis últimos meses trabajados, se compara con el del último año y los conceptos extraordinarios -primas, pluses...- se valoran sobre 30 meses. De ahí cobrarán el 78%. El Inem paga la prestación correspondiente durante dos años -todos tienen cotizado para ser beneficiarios durante el periodo máximo-, como si hubiera ido al paro realmente. El resto lo completa el Instituto del Carbón mediante un contrato de renta de complemento. A los dos años, se valora si tienen derecho al subsidio y durante cuánto tiempo. Son pocos los casos en los que se deniega, pero si no lo completa el Instituto, que se hace cargo de la otra parte del sueldo también; ahora más cuantiosa. El ex minero sigue cotizando en todo momento al régimen especial del sector y cuando alcanza la edad natural o los años de servicio -se prejubilan con una media superior a 20-, lo primero que ocurra, pasan a la jubilación ordinaria.