Se insiste en la necesidad de la intervención judicial

En varios momentos, durante la reunión mantenida por los presentes en las inmediaciones del Pozo Grajero de Lario, se produjeron intervenciones contrarias a que el levantamiento de fosas comunes con los restos de víctimas de la represión franquista, se convierta en un mero «traslado o recogida de huesos», planteándose la necesidad de que siempre medie el pertinente expediente judicial. «Esto es un asunto serio, se trata de levantar cadáveres de gente asesinada, la mayor parte de ellos dados por desaparecidos, y no se puede hacer de ello un mero acto de desenterramiento, recogida y traslado. Es necesario el establecimiento de los expedientes judiciales pertinentes.» Manifestó Julián Morante al respecto. Coincidiendo con esta idea de canalizar las actuaciones adecuandamente, los participantes en la reunión, apoyaron la iniciativa de que Izquierda Unida sirva de vehículo para las iniciativas políticas, continuando el trabajando con los grupos de familiares afectados y con asociaciones como la Asociación Guerra y Exilio y reforzando el contacto con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Los participantes también trataron sobre los expedientes de desaparición que actualmente se están tramitando en el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Por último, todos los presentes suscribieron el deseo de que las actuaciones que se lleven a cabo se «cubran de la normalidad que debe caracterizar una reivindicación legítima y democrática».