Las nuevas ayudas agroambientales no exigen zona Zepa a los perceptores pero sí un 80% de secano

El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) publicó ayer la orden que regula la medida agroambiental de extensificación para la protección de la flora y la fauna. Esta nueva línea de ayudas, prevista ya en 1999 en la Agenda 2000, sustituye las ya extintas subvenciones a las estepas cerealistas, más conocidas como las ayudas de la avutarda. El consejero de Agricultura, José Valín, prometió días antes de la publicación de la orden que no se exigiría ser zona Zepa (zona de especial protección de aves) para poder acceder a las ayudas. Así se lo expresó el consejero a Demetrio Espadas y Lupicinio Rodrigo, mediadores en la negociación a petición de Asaja. Durante la tramitación de la orden se elaboraron dos borradores debido a las peticiones de las Opas (organizaciones profesionales agrarias). La «reducida»-según Asaja- partida presupuestaria de la línea de ayudas ha hecho que se endurezcan los requerimientos para poder acceder a estas ayudas. La orden, publicada ayer en el BOCyL, exime de la línea de ayudas a los agricultores que tengan más de un 20% de la superficie de su explotación en regadío. En este sentido, Asaja exige la supresión de esta nueva restricción, pues entiende que el requisito crea agravios comparativos entre los agricultores e impide optar a las subvenciones a muchos agricultores de zonas en las que se está realizando la transformación de secano a regadío y disponen de un sistema de riegos en precario. La nueva orden recoge que, en esta medida reguladora, las ayudas serán menores, al dejar de fomentar los cultivos de leguminosas forrajeras aunque, como contrapartida, contará con menores exigencias medioambientales. La prima base (para toda la explotación de secano) ascendería a 55,89 euros por hectárea, mientras que la complementaria (sólo para la superficie de barbecho tradicional semillado con leguminosas) sería de 45,08 euros. Otra novedad es que este año, por primera vez, se va a empezar a aplicar la degresividad en las medidas agroambientales, es decir, que se van a reducir gradualmente las ayudas a partir de una determinada superficie. Los agricultores percibirían el importe íntegro de las ayudas hasta las 90 hectáreas, cobrarían el 60% entre las 90 y las 180 hectáreas y se reduciría este porcentaje al 30 a partir de las 180 hectáreas. Asaja, que ha mostrado rotundamente su oposición a la degresividad, recuerda que la propia consejería ha estimado en anteriores ocasiones que una explotación de secano debe tener más de 120 hectáreas para comenzar a ser rentable para el agricultor.