El secretario ve improcedente el complemento de productividad

El secretario del Ayuntamiento de Villaturiel, imputado por el Ministerio Fiscal como autor de un delito de malversación de caudales públicos, elaboró un informe técnico-a petición del alcalde- en el que reconocía la improcedencia del complemento de productividad asignado en sus nóminas. Carmelo Alonso reflejó en el escrito, que ya está en manos del juez que instruye el caso, que el exceso en sus retribuciones del 30% del puesto principal no debió imputarse al complemento de productividad sino a gastos de locomoción. Es decir, que Carmelo Alonso reconoce que las cantidades cobradas son las debidas pero no, sin embargo, el complemento de productividad al que se asignan. Es más, el secretario afirma que debió imputar esas cantidades (que aparecen en una partida independiente de la de su sueldo en Villaturiel) a gastos de locomoción, pues el cobro se debe a los gastos que le acarreaba trasladarse desde el puesto principal (en Toral de los Guzmanes) a la plaza acumulada (en Villaturiel). Por su parte, Valentín Martínez, no ha querido hacer valoraciones, pero ha dejado claro que «la improcedencia del complemento de productividad ha sido reconocida sin vacilación por la subdirectora general de la función pública local del Ministerio de Administraciones Públicas, máxima autoridad en esta materia». Informe del SAM No obstante, el Servicio de Asistencia a Municipios (SAM), ha sido designado por el fiscal para elaborar el informe pericial que determine lo que le correspondería cobrar a un secretario interventor en el supuesto de se encuentre en régimen de acumulación (que tenga un puesto principal y otra plaza acumulada). El Servicio de Asistencia a Municipios también tendrá que informar sobre la improcedencia o procedencia del complemento de productividad y los gastos de locomoción, tal y como ha solicitado el Ministerio Fiscal. Según expertos consultados, el régimen que se aplica a los funcionarios de la Administración Local es el mismo que el aplicado a los funcionarios del Estado. La autonomía del Ayuntamiento es una realidad, pero siempre ajustándose a los límites que marca la ley.