Una reivindicación histórica

A primeros de los ochenta, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos debatía acerca de la votación de una enmienda que consagraba la igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres. Sin embargo, el poderoso lobby ultraconservador pro vida desbarataba esta iniciativa legislativa. En la actualidad, el país norteamericano sigue sin un marco jurídico que recoja la igualdad absoluta entre los dos géneros. Éste es sólo un ejemplo de las dificultades por las sigue pasando el movimiento feminista para la consecución de sus derechos. Si bien en Europa las reivindicaciones relativas a la igualdad de oportunidades han corrido mejor suerte desde la revolución feminista de los años sesenta, y se han ido aprobando medidas en este sentido, los cada vez más abundantes casos de discriminación y violencia doméstica dejan al descubierto muchas carencias. De hecho, el proyecto de ley aprobado por la Junta de Castilla y León es el pionero en todo el territorio nacional. Pese a que se pueda pensar que la iniciativa autonómica sólo integre en un marco jurídico un conjunto de políticas que ya se venían dando en España desde los años ochenta, el significado del proyecto adquiere verdadera trascendencia. Son muchos los colectivos sociales que solicitaban modificar la ley, alegando que la buena voluntad no era suficiente. Histórica y socialmente el espacio público se sigue asociando a los hombres, y el privado o familiar, sigue reduciéndose a las mujeres. La actual Constitución española, en su artículo 9.2, recoge que corresponde a los poderes públicos «promover las condiciones que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas». En los últimos tiempos, las medidas de discriminación positiva impulsadas por los presidentes socialistas de Castilla-La Mancha y Extremadura, José Bono y Rodríguez Ibarra, han vuelto a abrir el debate sobre la situación legal de los derechos de la mujer. Democracia paritaria Esta discriminación, referente a la consecución de la paridad entre hombres y mujeres en cargos públicos ha levantado adhesiones y rechazos a partes iguales en todos los sectores sociales. La determinación de los dos dirigentes socialistas en elevar a rango de ley la democracia paritaria no ha sido compartida desde la Junta de Castilla y León, cuyo pionero proyecto de ley no contempla.