La judicialización del Ayuntamiento

En la actualidad, la Justicia tiene abiertos cinco expedientes con relación a la crisis que vive el Ayuntamiento desde hace casi un año: un posible delito de prevaricación -presumiblemente, cometido por el alcalde, al impedir el acceso de una persona al cargo de concejal-, un recurso en el Tribunal Supremo -por la expedición del acta de concejala de Daniela Fernández, de la UPL-, otro más por las diligencias levantadas por la Policía Local -presuntas coacciones al alcalde-, el tema del matadero -que el regidor envió a la fiscalía- y un escrito dando cuenta al juez de supuestas presiones contra el letrado del Ayuntamiento. El asunto es que difícilmente se cerrarán estos procesos antes de que se celebren las elecciones municipales y autonómicas del próximo año -al menos, no todos- y que, a medida que vayan saliendo sentencias -dependiendo de los intereses de las partes- se interpondrán los recursos oportunos y así hasta llegar al Tribunal constitucional, tal y como el mismo Emilio de la Mata ha dicho esta semana que está dispuesto a hacer. Y entre argumentos jurídicos de unos y otros, intercalando los espectáculos de los plenos ordinarios y extraordinarios, se consume el tiempo y la ciudadanía, que, en no pocas ocasiones, no sabe a qué atenerse o lo hace con el corazón más que con la cabeza, por afinidad a unas siglas Maniobras Los vecinos de La Bañeza asisten, de esta manera, a una realidad compleja, que, en ocasiones, parece una ensoñación. Pero tan sólo se trata de interpretaciones de la ley y maniobras políticas. De los casos que se han dado desde la crisis del pacto UPL-PSOE, recurrir al último de ellos es bastante ilustrativo. La UPL y el PP solicitan un pleno extraordinario, el que se celebró el lunes, para la toma de posesión de Daniela Fernández por parte del primero de estos partidos. Para que el alcalde no pueda recurrir a que el pleno carece de contenido y por la importancia de los temas, añaden las gestiones para la base del 061 y el arreglo de la calle de Astorga. El alcalde, en el último día del plazo que le concede la ley para convocar a la corporación y para que la sesión no se convoque automáticamente, con la ley en la mano (artículo 78 del ROF), excluye del orden del día la toma de posesión de la nueva concejala, Daniela Fernández, mediante un decreto. Si se considera que los motivos del alcalde para hacer tal cosa no se ajustan a lo que establece el artículo 94 de la Ley 30/1992 de Procedimiento Administrativo, la salida está muy clara: acudir a la Justicia y esperar una sentencia, que se dictará cuando Dios quiera, probablemente, pasadas las elecciones. Emilio de la Mata juega con el Derecho a su favor, al igual que otros lo han hecho ya en esta ciudad y es uno de los argumentos que esgrime el mismo regidor: si la ley contempla que un concejal sólo puede firmar una moción de censura por legislatura, atenta contra el espíritu de la ley que dimitan miembros de la corporación, con el único fin de presentar una nueva destitución, la segunda de la legislatura, del alcalde.