La ONU estudia las desapariciones
En 1992, la ONU emitió una «Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas», y España, como casi todos los países, la firmó. La declaración obliga a todos los Estados a poner los medios para buscar a los desaparecidos o sus cadáveres. Tienen las máximas protecciones porque son delitos que están considerados como un «crimen de lesa humanidad» y un «ultraje a la dignidad humana». Acogiéndose a esa legislación, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) presentó ante Naciones Unidas, a finales de agosto, el caso de los represaliados republicanos españoles durante la Guerra Civil. La ARMH presentó ante el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzosas de Naciones Unidas, en Nueva York, su reclamación para que la ONU obligue a España a abrir las fosas comunes donde se supone que se encuentran los desaparecidos durante la contienda y a honrar su memoria, tal y como se hizo al final de la Guerra Civil con los represaliados del bando nacional. El grupo de trabajo cuenta con la documentación que la propia asociación remitió: 65 fichas de familiares de desaparecidos donde reclaman que se recuperen los restos para poder ser enterrados junto a sus familias y se describe la forma en que fueron represaliados, en algunas ocasiones con promesas falsas del dictador. De ellas, ha seleccionado las 25 más significativas. El texto presentado por la ARMH en Nueva York concluye con tres peticiones para que la ONU las convierta en recomendaciones al Gobierno español: que sean las instituciones las que abran las fosas; que se entreguen los restos a los familiares para que les den digna sepultura; que se cree una comisión de la verdad como en otros países donde ha habido dictaduras y que se retiren de España los símbolos franquistas, que «ofenden la dignidad de las víctimas». De salir adelante la proposición socialista, el Congreso de los Diputados se adelantaría a las posibles recomendaciones de Naciones Unidas y cumpliría una de las resoluciones internacionales que ha firmado. Para ello es necesario el apoyo del PP, que en repetidas ocasiones se ha negado a condenar en el Parlamento la sublevación militar que dio lugar a la Guerra Civil y la dictadura franquista.