El PSOE lleva al Congreso el caso de los republicanos represaliados

La propuesta del PSOE será debatida en la Comisión Constitucional y el objetivo de sus ponentes es contar con el apoyo de todos los grupos. La represión franquista dejó enterrados en fosas comunes a más de 30.000 republicanos, según los cálculos de algunos historiadores. Una cifra que, a pesar de los más de sesenta años que han pasado, aún sigue en periodo de revisión y que no para de aumentar. Con su proposición no de ley, elaborada por la diputada leonesa Amparo Valcarce, y prometida por José Luis Rodríguez Zapatero durante su último mitin en Rodiezmo, los socialistas pretenden «saldar una deuda histórica y devolver la dignidad a los vencidos durante la Guerra Civil». Y, en un plano material, conseguir un compromiso del Gobierno para financiar la recuperación y posterior identificación de los cadáveres de los represaliados y evitar situaciones como las de este verano en Laciana, donde ningún juez quería hacerse responsable de ordenar el levantamiento de los restos encontrados en las fosas comunes. El texto elaborado por los socialistas destaca la necesidad de devolver la «dignidad» a las víctimas de la contienda civil que Franco excluyó, a mediados de los años cuarenta, de las órdenes ministeriales que obligaban a la recuperación de todos los desaparecidos del bando nacional y que garantizaba su compensación moral y, en muchos casos, económica. Ahora, seis décadas después, el objetivo es acabar con el oprobio público de miles de familias republicanas que no saben dónde se encuentran los cuerpos de sus desaparecidos y que, desde entonces, no han reclamado nunca la compensación moral que les corresponde para evitar la reapertura de viejas heridas. También en las fosas comunes Para ello, la proposición no de ley insta al Gobierno a reconocer el derecho de las familias a recuperar los cuerpos de sus familiares enterrados en fosas comunes y a reconocer el amparo judicial de estas familias para que los jueces abran los procedimientos que sean necesarios ante las denuncias de desapariciones de hace varias décadas y concluyan las pruebas periciales que permitan la identificación de los cadáveres exhumados a través del análisis de ADN. El tercer punto de la proposición aboga por lograr un compromiso de apoyo por parte de las administraciones para facilitar la recuperación de la memoria, desde la Guardia Civil hasta los archivos militares, en muchos casos cerrados a los ciudadanos y única fuente de información que permitirá a las familias recuperar el cadáver de los suyos.