El estatuto aboga por descentralizar las instituciones

La política de distribución de sedes institucionales de la Junta de Castilla y León se ha movido desde la creación de la autonomía en una especie de indefinición legal. El Estatuto de Autonomía de 1983 optó por remitir a una ley propia de la comunidad la fijación de las instituciones de autogobierno, atendiendo como criterio primordial a la descentralización. «Una ley de las Cortes de Castilla y León determinará la ubicación de los organismos o servicios de la administración de la comunidad, a propuesta de la Junta, atendiendo a criterios de descentralización, eficacia, coordinación de funciones y a la tradición histórico-cultural». Sin embargo, esta ley tardaría en llegar. No sería hasta cuatro años después, cuando el actual presidente del gobierno, José María Aznar, asumió las riendas de la Junta, cuando las Cortes aprobaron una ley en la que se fijaba que Valladolid sería la sede de las instituciones básicas de la comunidad. «Las instituciones básicas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, Cortes de Castilla y León, Presidente de la Junta y Junta de Castilla y León, en que se exprese su autogobierno, tendrán sede en la ciudad de Valladolid», dice el artículo único de la ley de 1987. Esta legislación dejaba la puerta abierta a que el Ejecutivo autonómico cumpliera con la promesa de la descentralización, contenida en el artículo 3.2 del estatuto, al no especificar legalmente la política que iba a seguir la comunidad en la distribución de las sedes en las nueve provincias que la componen. Además, se limitaba a ubicar en Valladolid los principales centros de la administración territorial, dejando en el aire los criterios que se iban a seguir en el futuro. Así, en estos quince años, la decisión de las sedes de las instituciones autonómicas se ha venido realizando de forma arbitraria por parte de los sucesivos gobiernos de la Junta. El balance; un tercio de las sedes (sin contar las nueve consejerías) se encuentran en Valladolid. Debate público En los últimos meses, con las negociaciones sobre el Pacto Local y la creación del Consejo de Cuentas y el Consejo Consultivo, se ha reavivado el debate público sobre el reparto de las sedes que lleva a cabo el Ejecutivo que preside Juan Vicente Herrera. Mientras los miembros del equipo de gobierno apuestan en todas sus apariciones públicas por la descentralización como eje del tramo final de la legislatura, los grupos de la oposición no comprenden que no se aborde de forma definitiva el tema.