Díez: «Las contrataciones en la Diputación no son un modelo a seguir»

Con estas afirmaciones, José Antonio Díez vino a poner de manifiesto la polémica denunciada por la UPL, referida a una presunta contratación «digital» de educadores de la Diputación. Los leonesistas denunciaron que en la lista se encontraban familiares del vicepresidente de la Diputación Ramón Ferrero y del presidente del PP leonés, José María López Benito. De hecho, el silencio del presidente antes de referirse a las contrataciones fue revelador. «No es momento de hablar de esto, pero en cuanto a sensibilidad de justicia en materia de contrataciones, las instituciones, ayuntamientos o esta Diputación no son modelos a seguir», apuntó el presidente provincial, en respuesta a las dudas del diputado de Izquierda Unida, Guillermo Murias, sobre el proceso de contratación de personal que llevará a cabo la empresa adjudicataria que se haga cargo del servicio de asistencia a domicilio en toda la provincia. «No creo que los ayuntamientos tengan personas más sensibles que los empresarios a la hora de contratar personal», sentenció el presidente de la Diputación. Y es que el tema estrella del pleno de ayer (que por momentos rozó el esperpento) fue el debate sobre la asunción por parte de la Diputación de este servicio de asistencia a domicilio a partir del 1 de enero del 2003. Hasta el momento, este programa era desarrollado por cada ayuntamiento. En la actualidad, hay 30 municipios, con 733 usuarios, que están prestando el servicio de forma directa a través de los ayuntamientos y otros 80 municipios, con 488 usuarios, a los que se está llegando a través de empresas privadas. A partir del 2003, y por orden de la Junta de Castilla y León, este servicio pasará a ser gestionado por la Diputación y pretende llegar a todos los municipios de la provincia. Las críticas de la oposición a este punto se centraron en la imposibilidad de que los ayuntamientos que quieran seguir prestando el servicio pudieran hacerlo. El diputado de IU Guillermo Murias argumentó que el nuevo marco «no mejorará la gestión, será más costoso y atentará contra la autonomía municipal». Además, acusó al equipo de gobierno de querer privatizar el servicio y beneficiar a empresas afines. Desde el PSOE, la diputada Ángeles Marqués criticó que el nuevo modelo no va a solucionar la lista de espera de los 92 ayuntamientos que aún no cuentan con el servicio, además de dudar de que las empresas adjudicatarias utilicen este programa para la inserción laboral de mujeres. Desde el PP, el diputado del área, Agustín García rechazó las críticas de la oposición, e hizo un discurso histórico sobre el servicio de asistencia a domicilio, que él mismo calificó de «galimatías». García quiso dejar claro que este programa «no se privatiza». «Cuando se privatiza algo, se privatiza en esencia», aclaró. La propuesta fue aprobada por los votos del PP, la abstención de PSOE y UPL y el voto en contra de IU.