El empresario condenado a 14 años recurre la sentencia

El administrador de la empresa Sindo Excavaciones y Transportes S.A., con domicilio fiscal en la localidad de Otero de las Dueñas desde 1986, recurrirá ante la Audiencia Provincial de León la sentencia dictada por el juzgado de lo Penal número 2 de León, que le condena a catorce años de cárcel y a una multa millonaria por evadir impuestos. Así lo confirmó ayer su abogado, Fernando López Morueco. El letrado insiste en que Gumersindo Blanco es inocente y que ha sido víctima de una falsa denuncia por parte del proveedor Jesús García, «que intenta acusar a Blanco para evitar él mismo tener un problema con Hacienda». Según la versión del abogado, el proveedor engordó algunas facturas de los trabajos que realizó para Sindo Construcciones y Contratas y, antes de que la Inspección Tributaria le investigara y llegara a sancionarle, formuló una autodenuncia en el juzgado de guardia de Oviedo asegurando que realizaba esa trampa fiscal por orden de Blanco. El letrado confía en poder demostrar ese engaño ante los jueces de la Audiencia Provincial de León para que Blanco sea absuelto. Facturas ficticias Según la condena del juzgado de lo Penal número 2, Gumersindo Blanco evadió impuestos desde 1994 a 1997 gracias a un fraude que le permitió reingresar iva pidiendo a sus proveedores que aumentaran las facturas y emitieran algunas ficticias. La jueza que le ha condenado a catorce años de prisión por siete delitos contra la Hacienda Pública entiende que el empresario ideó un plan, «con la colaboración de, al menos, 17 proveedores, quienes se prestaban a facilitarle las facturas y a cobrar y devolverle el importe de los talones y pgarés emitidos con forma de pago». En unos casos, según la sentencia, se emitían facturas falsas, «que no correspondían con verdaderos servicios realizados y recibidos», y en otras, con facturas engordadas. Todo ello, «con ánimo de reducir los beneficios de su actividad económica en los ejercicios de 1994 a 1997 y pagar menos impuesto de sociedades, tener más iva soportado y pagar menos en las liquidaciones trimestrales del iva, en perjuicio del Tesoro Público». La mayoría de esos proveedores eran autónomos y una mayor facturación no les producía aumento de pagos, según la sentencia.