Desarticulada una trama en León por explotar, torturar y estafar a trabajadores inmigrantes

Una operación, capitaneada por la Policía Nacional desde Madrid, ha acabado con una peligrosa trama dedicada a la trata de personas inmigrantes y que tenía su epicentro en varios municipios de la provincia leonesa, y que se saldó con la detención de diez personas, siete de ellas en León, y con otros cinco investigados por su implicación en el caso.

Tras más de un año de investigaciones, agentes del grupo 9 la Policía Nacional desarticularon una organización criminal dedicada, presuntamente, al favorecimiento de la inmigración ilegal, la explotación laboral y el fraude a la Seguridad Social. Según explicaron fuentes policiales a este periódico, la organización explotaba a sus víctimas valiéndose de su situación de necesidad, y estaba asentaba en León y en las provincias limítrofes de

Palencia, Valladolid y Zamora. «Aprovechaban su situación de vulnerabilidad y de extrema necesidad para explotarles laboral y económicamente haciendo además uso, en muchos casos, de la violencia física», concreta el jefe de grupo que ha llevado a cabo la operación desde la capital de España.

Fue hace más de un año cuando tras las informaciones recibidas de este supuesta traman comenzaron con las primeras investigaciones que meses más tarde los han llevado a la detención de diez personas, quienes conseguían autorización de residencia por circunstancias excepcionales con motivo de arraigo social, por medios ilícitos y con ánimo de lucro. Otras cinco personas han resultado investigadas.

Estructura de la organización

El líder de la organización gestionaba el traslado de inmigrantes irregulares en patera, mayores y menores de edad, desde playas de Marruecos hasta Algeciras y Cádiz. En estas ubicaciones, otros miembros de la organización los iban a buscar y viajaban hacia otras provincias por carretera, en coche o en autobús, y ofertaban «paquetes» de traslado con entrada en España desde su país de origen.

Una vez en España se tramitaba la situación administrativa de los inmigrantes, de origen marroquí, de forma ilegal. El jefe de la organización disponía el traslado hasta la provincia de León, donde tenía una red de pisos en las localidades de Mansilla de las Mulas, Valdepolo, Campo de Villavidel pueblos aledaños, en los que alojaba a las víctimas. Finalmente eran empadronadas en una de las viviendas controladas, por él mismo o por sus colaboradores, trámite que se realizaba de forma fraudulenta y por el que cobraban a las víctimas entre 150 y 300 euros. El líder actuaba como intermediario entre la víctima y el empresario, gestionando los trámites del contrato y la presentación de documentación en la Oficina de Extranjería.

El entramado criminal se valía de sus familiares para acudir en calidad de testigos y acreditar el arraigo social. «Lo hacía testificando o que tenían familiares o que tenían suscrito algún tipo de contrato o seguro médico por un periodo de cuatro años lo que acreditaría su relación con España a la hora de legalizar su situación», concretan.

Condiciones «infrahumanas»

A cada víctima de explotación se le exigían cantidades que iban de 3.000 a 10.000 euros por trámites consistentes en obtener los requisitos necesarios a fin de regularizar su situación administrativa en España. «En muchas ocasiones les hacían hasta endeudarse para pagarles y si finalmente no conseguían la documentación que les prometían no les devolvían el dinero», explican los agentes.

El cabecilla de la organización criminal intervenía directamente a fin de que los inmigrantes tuvieran los documentos de solicitud de autorización de residencia por arraigo social. Mientras, vivían hacinados en pisos que carecían de las mínimas condiciones de habitabilidad, tales como agua y calefacción. «Muchos de ellos fueron localizados viviendo en cobertizos en condiciones infrahumanas, o en los mismos establos donde trabajaban», relatan los agentes.

Las víctimas a menudo comenzaban a trabajar antes de concederles la autorización de residencia en explotaciones ganaderas. Recibían un sueldo bajo y en ocasiones trabajaban a cambio de comida o incluso sin remuneración durante largas jornadas, habitualmente sin descanso ningún día de la semana y sin derechos. «Muchos de estos empresarios les tenían como en una especie de periodo de prueba trabajando sin apenas pagarles para ver si les interesaban como trabajadores o no». No se daba de alta a las víctimas en la Seguridad Social, dado que trabajaban sin autorización, y eran instruidas acerca de cómo y dónde esconderse en caso de una inspección laboral. Si no seguían estas órdenes para evitar ser vistos, eran agredidos físicamente siendo lesionados con sopletes en el rostro o con cuchillos en la espalda. «Cuando fueron rescatados muchos de ellos presentaban heridas graves y necesitaron de algún tipo de asistencia», relatan.

La mayor parte de los empresarios investigados en la trama eran conocedores de la situación de ilegalidad en la que eran contratados los trabajadores. «Accedieron a que trabajaran en sus explotaciones sin pagarles y les decían donde tenían que esconderse si venían los inspectores. Si después les interesaban como trabajadores iniciaban los trámites para la contratación», concretan fuentes policiales.

Los agentes confirmaron que entre las víctimas había menores, adolescentes que también fueron captados cuando llegaron irregularmente a España, y que ya han sido trasladados a centros de acogida, sin precisar donde. «Estamos en contacto permanente con las organizaciones humanitarias y las onegés que se encargar de estas personas, de las que hacemos un seguimiento para asegurarnos de que están bien», explica el responsable de la Policía Nacional. «Ese también es nuestro trabajo», sentencia.

Actuación policial

La operación ha sido realizada en dos fases. La primera ha culminado con diez detenidos por los delitos de favorecimiento de inmigración ilegal y obtención fraudulenta de prestaciones de la Seguridad Social: siete en León y tres en Palencia, Murcia y Valladolid. También se han realizado dos entradas y registros en la provincia de León, interviniendo 2.000 euros, documentación y material informático. La segunda fase ha concluido con cinco investigados no detenidos por delito de fraude a la Seguridad Social y lesiones.