La rendición de cuentas ha caído en picado desde 2013, cuando obligó la Ley Montoro

Solo un 35 por ciento de las 1.229 juntas vecinales han rendido las cuentas de 2019 en plazo, según los datos recabados por el Consejo de Cuentas de Castilla y León tras finalizar el periodo, alargado a causa de la pandemia, de entrega de la documentación, el pasado 22 de enero.

En el último informe anual que presentó la institución sobre el sector público local, quedó en evidencia que la rendición de cuentas sigue siendo una asignatura pendiente para gran parte de las juntas vecinales. En el ejercicio analizado por el Consejo de Cuentas figura el cumplimiento de 759 entidades locales menores que representan el 61,7% del total y que supone una bajada interanual de 18 puntos porcentuales. El retroceso en este sentido se agrava de forma continuada desde 2013, año en el que prácticamente la totalidad de las pedanías de la provincia asumieron su obligacioin de ejercer la rendición de cuentas ante el organismo fiscalizador debido a la obligatoriedad que establecía la conocida como Ley Montoro, una exigencia que sólo se mantuvo en vigor un ejercicio.

Las juntas vecinales, a través de la federación, insisten en que necesitan planes y ayudas para adaptarse a las nuevas exigencias de la administración electrónica, además de tener una solución permanente y con garantías para que su gestión sea considerada igual de importante que las del resto de las administraciones.