La administración electrónica paraliza la gestión de las juntas vecinales sin secretario

El secretario-vecino de las juntas vecinales vuelve a estar en entredicho por la administración central y con él la gestión de las entidades locales menores y su futuro. Después de que en marzo de 2019 se rehabilitara esta figura clave para la supervivencia de las pedanías, su habilitación sigue dando problemas a los pueblos hasta el punto de que aquellas que han tenido que realizar un nuevo nombramiento no han podido ni siquiera cumplir con la obligación del rendimiento de cuentas de 2019, cuyo plazo acaba de terminar.

La presidenta de una de las juntas vecinales afectadas, la de Malillos de los Oteros, Nuria García Martínez, explica que la plataforma que el Ministerio de Administraciones Públicas rechaza realizar cualquier trámite que no haya sido firmado por un funcionario con habilitación nacional. Ni siquiera permite acreditar al secretario vecino si no cuenta con esta condición con lo que queda absolutamente paralizada toda aquella gestión de la pedanía que dependa de una firma electrónica. Este es el caso de esta localidad perteneciente al municipio de Santas Martas, a la que le ha sido imposible acreditar a su secretario vecino y, por lo tanto, no ha podido presentar las cuentas de 2019, ni tampoco registrar el presupuesto de 2020.

Cabe recordar que el actual Gobierno fue quien recuperó la legalidad de esta figura para facilitar la gestión de las entidades locales menores que no tuvieran acceso a un secretario municipal o cuyos asuntos no pudieran ser tramitados por el Servicio de Atención a Municipios (SAM) de la Diputación. La decisión, publicada en el Boletín Oficial del Estado del 30 de marzo de 2019, pretendía zanjar una polémica que tenía una especial incidencia en León, provincia que tiene registradas más de 1.200 juntas vecinales un tercio de las existentes en todo el país, y que cuenta con municipios integrados hasta por cuarenta pueblos amparados por esta figura administrativa.

Anomalía

De esta problemática siempre ha sido consciente la Federación de Juntas Vecinales de León cuyo secretario, Carlos González-Antón, asegura que «seguimos sin resolver la anomalía que sufren las entidades locales menores en relación con otras administraciones». Es una «falta de encaje» no sólo del secretario vecino sino también de las juntas vecinales con respecto a la legislación actual «porque no se nos ve como una administración territorial», cuando en León es una figura imprescindible para la gestión de los pueblos. Pese a la importante implantación en la provincia, la Junta sigue sin desarrollar una normativa en condiciones que regule y dote a las entidades locales menores de seguridad jurídica.

Son unas 600 las juntas vecinales que en León sólo cuentan con el secretario vecino para llevar a cabo sus trámites y, pese al decreto de 2019, no se reconoce su papel como fidatario de una admnistración pública en muchas circunstancias.

La implantación de la administración electrónica es precisamente un sistema que «deja al margen» a las juntas vecinales, según González-Antón. Cuenta con todas las garantías para certificar las firmas digitales de los funcionarios públicos pero ignora al secretario vecino porque no tiene esta categoría y de ahí las «disfunciones» que se producen continuamente.

El secretario de la federación leonesa recuerda que existe un ministerio para el Reto Demográfico, con una secretaría de Estado de Despoblación y que entre sus cometidos debería tener en mente realizar un plan para implantar la administración electrónica en las entidades locales menores, que además estaría en consonancia con las inversiones que se pueden acometer con cargo a los fondos europeos. «Hace falta un proceso de intervención y control para las juntas vecinales», añade Carlos González-Antón, quien considera que el problema estructural que sufren las administraciones pequeñas debe ser atajado por parte de las grandes admnistraciones, que son las que tienen los mecanismos para abordarlo.