Las empresas ya han solicitado permiso para instalar 16 nuevos parques eólicos en León

La Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica ha presentado un recurso contra la Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) publicada recientemente en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Hasta la fecha, ya hay 16 proyectos eólicos solicitados en la provincia de León, que están sometidos a esta evaluación ambiental a la espera de su autorización.

El principal argumento esgrimido por la plataforma se refiere al incumplimiento por parte del plan nacional del artículo 6 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que dice que «serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y programas, así como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una Administración pública y cuya elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma».

Sin embargo, el estudio de impacto ambiental estratégico no incluye los contenidos mínimos previstos en el artículo 20 y relacionados en el Anexo IV de la citada Ley que establece que hay que tener en cuenta «cualquier problema medioambiental existente que sea relevante para el plan o programa, incluyendo en particular los problemas relacionados con cualquier zona de especial importancia medioambiental, como las zonas designadas de conformidad con la legislación aplicable sobre espacios naturales y especies protegidas y los espacios protegidos de la Red Natura 2000».

Según esgrime la plataforma, el estudio ambiental del plan nacional sí recoge la problemática relativa al cambio climático y emisiones de gases de efecto invernadero, la contaminación atmosférica, la salud humana, los incendios forestales, la erosión y desertificación, el riesgo de deterioro en el estado de las masas de agua y las zonas de especial importancia medioambiental. Sin embargo, denuncian que «no recoge la problemática derivada de las instalaciones eólicas y fotovoltaicas existentes, como sería preceptivo en una Evaluación Ambiental Estratégica que, precisamente, intenta evaluar de una forma conjunta el impacto de un plan que se basa en el desarrollo de nuevas instalaciones de este tipo». A este añaden que «ni siquiera se aportan datos sobre el número de parques eólicos y fotovoltaicos existentes, su distribución espacial ni mucho menos un análisis de la problemática ambiental que éstos suponen».

En este sentido, la plataforma recuerda que «los parques eólicos y fotovoltaicos instalados y en funcionamiento desde finales de los años 90 ya han generado una problemática medioambiental muy relevante, como demuestran un buen número de publicaciones científicas, así como numerosos procesos judiciales con esta problemática como trasfondo». En España hay 1.111 parques eólicos de los que 257 se encuentran en castilla y León.

El plan tampoco recoge el contenido de la ley que advierte de «los probables efectos significativos en el medio ambiente, incluidos aspectos como la biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los factores climáticos, su incidencia en el cambio climático, en particular una evaluación adecuada de la huella de carbono asociada al plan o programa, los bienes materiales, el patrimonio cultural, el paisaje y la interrelación entre estos factores. Estos efectos deben comprender los efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, permanentes y temporales, positivos y negativos».

A este respecto, la plataforma esgrime que la evaluación ambiental estratégica del plan nacional recoge en su capítulo siete los probables efectos significativos sobre el medio ambiente. Sin embargo, se omiten por completo los efectos sinérgicos derivados de la implantación de proyectos eólicos y fotovoltaicos. «De hecho, solamente se alude a efectos sinérgicos dos veces, en las páginas 340 y 380, sin hacer ninguna referencia a su magnitud, alcance o importancia», aseguran desde este grupo conservacionista que añade que «los efectos acumulativos, aunque se mencionan en las tablas de valoración de impacto, son meras descripciones generales, sin que puedan cuantificarse tal y como es requerido en la Ley 21/2013, ya que no se cuenta con información de la distribución espacial de esos proyectos o, en su defecto, una zonificación que permita considerar las ubicaciones potenciales».

Por último, defienden que mientras la ley exige «un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas y una descripción de la manera en que se realizó la evaluación, incluidas las dificultades, como deficiencias técnicas o falta de conocimientos y experiencia que pudieran haberse encontrado a la hora de recabar la información requerida», el plan del ministerio recoge tres alternativas que implican solamente las opciones estratégicas de descarbonización, pero no se recogen distintas alternativas para el modo de implantación de las renovables. «Todo ello pese a que esta implantación es una de las medidas contempladas en el propio plan nacional, que establece incluso una previsión de la potencia instalada a través de estas fuentes», afirman desde la plataforma, que apunta que «alternativas en este sentido hubieran sido, por ejemplo, distintos modos de implantación de la energía renovable (pequeñas instalaciones cercanas al consumo frente a grandes instalaciones en zonas alejadas; promoción del autoconsumo frente a producción industrial; etc…)»..