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León

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Tanto el auto del Juzgado que realizó la instrucción del caso como los argumentos de la Audiencia Provincial y las conclusiones del fiscal apuntan a que durante días se registraron en el macizo 7 del Pozo Emilio del Valle repetidas señales que evidenciaban la peligrosidad del trabajo en la zona, que debía haberse paralizado por la seguridad de los trabajadores. A pesar de las señales de que el avance y las condiciones de explotación eran peligrosas se siguió trabajando en la zona donde se produjo el accidente, sin que la empresa o los ingenieros «hicieran nada». Se detectaron fallos tanto en la estructura como en los sistemas de ventilación. Los informes de la empresa insisten en que se cumplieron todas las normativas de seguridad, y que se produjo una emisión súbita de metano que era imprevisible. El fiscal solicita tres años y seis meses de cárcel para cada uno de los acusados, e indemnizaciones conjuntas que superan los 2 millones de euros. Las acusaciones particulares elevan la petición de prisión hasta el máximo previsto en estos casos, seis años y medio.