Foro, PP y Vox pactan una moción en el Congreso contra la protección del lobo

Foro de Asturias, PP y Vox han pactado una texto que será sometido hoy a votación en el pleno del Congreso para que la Cámara Baja inste al Gobierno a reconsiderar su decisión de incluir todas las poblaciones de lobo en el Listado de Especies Silvestres de Régimen de Protección Especial (Lespre), lo que en la práctica supondría la prohibición de cazarlo en toda España. Además, la iniciativa pide que se trabaje en Europa para que la especie también sea considerada cinegética al sur del Duero.

La iniciativa es resultado de la negociación del texto de la moción consecuencia de interpelación defendida este martes por Foro de Asturias y las enmiendas presentadas a la misma por PP y Vox, que coinciden en solicitar al Ejecutivo, no sólo no incluir las poblaciones de lobo al norte del Duero en el Lespre sino revertir esta protección que ya reciben actualmente las poblaciones al sur del Duero, que no se pueden cazar.

Concretamente, en el texto pactado el Congreso declara su apoyo incondicional a la ganadería extensiva de especial trascendencia para la supervivencia del mundo rural y la protección de las actividades socioeconómicas que deben convivir con el lobo e insta al Gobierno a reconsiderar la decisión de incluir a la especie en el Lespre, ya que esta medida podría poner en grave riesgo la viabilidad de muchas explotaciones ganaderas y la pervivencia del mundo rural.

Asimismo, le pide renunciar a dictar la orden ministerial para la inclusión de toda la población del lobo en el Lespre, y mantener por tanto el estatus actual de protección y gestión de la especie.

Igualmente, reclama recuperar la voluntad de consenso institucional entre la Administración del Estado y los representantes de las comunidades autónomas en la Comisión de Patrimonio Natural, que el pasado 4 de febrero decidió modificar el estatus sobre el lobo en una apretada votación que contó con el rechazo de las regiones que tienen el 95% de las poblaciones de lobo: Galicia, Asturias, Castilla y León y Cantabria.

También exige que se respeten las competencias de las comunidades autónomas, y singularmente de las mencionadas.