Morán descarta la central de compras por su perjuicio para el comercio local

La Diputación descarta la puesta en marcha de una central de compras por el perjuicio que eso supondrá para el comercio en los pueblos, según ha asegurado el presidente de la institución provincial, Eduardo Morán, en el transcurso del Pleno celebrado ayer de forma telemática. En respuesta a una interpelación de la diputada de Ciudadanos, Gemma Villarroel, Morán ha asegurado que «si cumplimos la ley de contratos ningún pueblo va a vender absolutamente nada» y ha añadido que de cada diez empresas que se encargarían de una central de compras «siete son foráneas» con el consiguiente perjuicio para los pueblos. El presidente animó a las entidades locales a comprar en los pueblos, y puso de ejemplo su propio ayuntamiento en el que se negó a adquirir luminarias en Amazon «porque hay en la provincia almacenes de material eléctrico en los que se pueden comprar».

El Pleno tambien ha aprobado las bases para el Plan de Emprendedores, que se desarrollará entre 2021, 2022 y 2023 con una financiación de 900.000 euros que se ampliará en caso de que se las solicitudes presentadas superen esa consignación. Otro de los puntos de acuerdo ha sido la aprobación por unanimidad de una declaración institucional propuesta por Ciudadanos para exigir el cumplimiento del protocolo de vacunación e instar al cese automático de los incumplidores de sus cargos y responsabilidades públicas.

Una vez aprobada la liquidación de las cuentas de 2020, el Pleno ha abordado el reparto de los 156 millones de euros de remanentes. El portavoz del PP, Francisco Castañón, ha instado a mejorar la administración de los recursos de la Diputación para destinarlos a los sectores que necesitan ayuda. Por ello, ha pedido que se negocien de inmedianto las enmiendas presentadas a los presupuestos de este año con el fin de «poner en circulación la mayor cantidad de dinero posible para generar sinergias económicas» en el mundo rural. En este sentido, Castañón ha urgido a anunciar la cantidad que se repartirá en los planes provinciales para que los ayuntamientoss «no se vean ahogados a la hora de realizar la contratación». Por su parte, el vicepresidente de la institución provincial Matías Llorente ha señalado que hay una «gran oportunidad» para aplicarlos en los programas que se necesitan en la provincia y cuyos fondos se repartirán en una comisión que se celebrará en abril. Llorente ha lamentado que la administración sea «víctima de sus propias normas y sus propias leyes» y ha aseverado que «hay que agilizar las cosas que se necesitan para intentar que esta provincia salga adelante».