La gran empresa que ya no es: sólo el cascarón del Pozo Emilio vigila la herida de la mina muerta

El escalafón directivo y con competencias en seguridad se enfrenta desde el lunes al juicio por el accidente que el 28 de octubre de 2013 costó la vida a seis mineros en el Pozo Emilio del Valle. Es el organigrama de una empresa sobre la que hace años perdieron la capacidad de decidir. Encabezado por tres miembros de la familia que desde los años 40 dirigió el destino no de la minería de la montaña central, sino de su manera de vivir. La gran empresa que hace cinco años sucumbió al acoso a la minería del carbón.

Las zancadillas a la minería del carbón comenzaron a finales de los años 90, con una sucesión de planes de reducción de producción que se acompañaban con sustanciosos fondos de reestructuración de las comarcas. Planes especialmente activos en la reducción de plantillas y jubilación anticipada de los trabajadores del sector. No tanto cuidadosos con los proyectos que financiaban y su repercusión efectiva en las cuencas. A las que en buena parte siguen aún sin llegar, pese a estar comprometidos oficialmente. Una deuda sin saldar sobre la que se extiende un manto de silencio cada vez más espeso.

Los restos de los castilletes Eloy Rojo y Aurelio del Valle, donde se encontraban también las oficinas. RAMIRO

El golpe de gracia definitivo llegó con la decisión de la UE en el segundo semestre de 2010 (bajo la presidencia española, con Rodríguez Zapatero en el Gobierno) de sentenciar el fin de la minería no rentable en diciembre de 2018. Con una condición: ninguna empresa que recibiese ayudas públicas desde 2011 podría seguir en activo en 2019 sin devolverlas. Una realidad económica imposible que, en la práctica, acabó con el sector mucho antes de lo previsto. Desde luego, sin un cierre ordenado. Y mucho menos una transición justa.

Incumplimientos

Entre tanto, los tradicionales incumplimientos de las bases económicas sobre las que se asentaba el sector carbonero nacional se fueron transformando en un grotesco escenario de abandono que abocó a las empresas mineras privadas al caos económico. En tiempo récord, a la desaparición de sociedades centenarias y la ruina acelerada de comarcas enteras atónitas por la desfachatez con la que gobiernos de uno y otro signo ignoraron los acuerdos que firmaban y sentenciaron su futuro con olvido.

En este escenario de flagrantes incumplimientos, mientras ultimaba una multimillonaria inversión iniciada a finales de los años 80 para garantizar el acceso a las ricas reservas de la montaña central durante unas décadas más, se vio atrapada la Hullera Vasco Leonesa. Una sociedad más que centenaria que pasaba por ser una de las más saneadas del siempre cuestionado escenario carbonero nacional, que en marzo de 2013 presentó ante el Juzgado de lo Mercantil de León preconcurso de acreedores. Se daba así un plazo de cuatro meses para negociar un acuerdo sobre sus deudas antes de solicitar el definitivo concurso. En el que ya estaba inmerso el gran grupo minero privado del país, el de Victorino Alonso.

El bloqueo de la financiación comprometida a un sector claramente deficitario, pero estratégico para la generación energética del país y cuyas reglas de funcionamiento estaban claramente firmadas en los despachos ministeriales, colocó así con los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP a las empresas mineras al borde del precipicio financiero.

No hubo red. Los trabajadores del sector se vieron sometidos a un carrusel de regulaciones de empleo, despidos y prejubilaciones (estas sí, amparadas en los acuerdos y diligentemente negociadas por sindicatos y administración) mientras las empresas clamaban por el pago de lo comprometido en medio de un silencio administrativo que acabó asfixiándolas.

Fue el caso de la Vasco. Cuando solicitó finalmente el concurso, en mayo de 2013, había cerrado el ejercicio anterior con pérdidas de 27 millones de euros: 15,5 millones que no había cobrado de ayudas al funcionamiento que el Gobierno tenía que haber hecho efectivas y bloqueo de las compras por parte de las eléctricas, que también incumplieron con el sector del carbón. A pesar de ello, aquel año mantuvo la inversión con casi 13 millones para avanzar en el proyecto Competidora.

Las ayudas gubernamentales llegaron finalmente ese mes, un alivio para la plantilla, que pudo empezar a cobrar atrasos.

Un año después, en marzo de 2014, se repite la situación: los trabajadores fueron al ERE por impago de las ayudas del ejercicio anterior e incumplimiento por parte de las eléctricas del Real Decreto de Restricciones por Garantía de Suministro. Sin ingresos ni posibilidad de facturar, la empresa sumaba pérdidas y no podía seguir produciendo un carbón que almacenaba sin vender.

La patronal minera, Carbunión, explicaba un año después que sólo entre 2011 y 2014 las ayudas al funcionamiento de las empresas carboneras se habían reducido un 89%, mientras que lo pactado en los planes del carbón era un descenso del 25%. A lo que se sumaba el insistente incumplimiento de los cupos de compra fijados para las eléctricas. El resultado: empresas mineras con la actividad paralizada y declaraciones concursales.

Estaba hecha también la trampa para el futuro: en situación concursal, los sucesivos gobiernos vieron la excusa perfecta para justificar el impago de las ayudas correspondientes a los ejercicios siguientes. La sentencia era así definitiva.

En el caso de la Vasco, el fin de más de un siglo de historia minera y la forma de enterrar sin contemplaciones una inversión de 465 millones de euros que había invertido desde el inicio del proyecto de la Nueva Mina, en los 25 años anteriores. Un proyecto que comenzó a funcionar a finales de los 90 con la preparación de las nuevas capas del Grupo Competidora, en el Pozo Emilio del Valle. El objetivo: asegurar un acceso tecnológicamente avanzado a las grandes vetas de carbón, de una potencia poco habitual en el país.

Se ponía fin así a una historia que comenzó en 1889 y consiguió aglutinar durante el siglo pasado a las explotaciones que salpicaban 50 kilómetros cuadrados de la montaña entre Ciñera y Matallana de Torío, desde Villasimpliz al norte del valle de Fenar. Un histórico proyecto desde principios de los años 40 en manos de la familia Del Valle, que en los 80 comenzó a planificar el acceso a las reservas a través de la profundización del pozo para acceder a nuevas capas.

El objetivo era entonces extraer 2,5 millones de toneladas de carbón de las anchas capas de la zona durante al menos 25 años, para explotar una reserva que se calculaba en 50 millones de toneladas. La preparación de nuevos macizos en el Pozo Emilio del Valle, del Grupo Tabliza, centró las expectativas de la compañía cuando los planes del carbón comenzaron a augurar el fin del sector.

Los intentos de buscar un camino en el que poder seguir adelante, incluso en el nuevo escenario de incumplimientos y sentencia final para el sector, tampoco dieron fruto. El 11 de febrero de 2016 la Hullera Vasco Leonesa se rindió y puso fin a 123 años de historia minera. Solicitó al Juzgado de lo Mercantil de León la liquidación, que ponía en marcha la extinción de la histórica sociedad. En un duro escrito a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (la Vasco era una sociedad cotizada) lamentaba la estrategia del Gobierno en los últimos años y que las compañías eléctricas (su principal cliente era Gas Natural, con la térmica de La Robla) le hubieran vuelto la espalda sin acceder a negociar. Tampoco las entidades financieras quisieron respaldar una realidad en la que las administraciones habían cercado las posibilidades de salir adelante de la empresa.

La Hullera Vasco Leonesa cerró no sólo un capítulo empresarial, sino una forma de vida que durante más de un siglo marcó el devenir de la montaña central leonesa. Todo, su negocio, sus mineros, su legado como forma de sociedad, quedó en manos de un proceso concursal que no consiguió mantener la actividad (más allá de las tareas en el cielo abierto) y aún hoy sigue pendiente de resolución.