La supresión de la caza deja sin ingresos a los ayuntamientos y pedanías de Picos de Europa

Después de que el pasado diciembre de 2020 se prohibiese la caza en el Parque Nacional de Picos de Europa, los ayuntamientos afectados, Oseja de Sajambre y de Posada de Valdeón y las Juntas Vecinales del Real Concejo de Valdeón, de Caín y de Santa Marina de Valdeón, acordaron en sus corporaciones rechazar la indemnización propuesta por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) y solicitar la apertura de un proceso negociador. En el informe elaborado para los ayuntamientos y juntas vecinales de León se calculó una indemnización global superior a los 46 millones de euros. Sin embargo, los informes elaborados por el Miteco se quedan muy por debajo de las indemnizaciones que solicitaron las entidades leonesas ya que la suma de todas las compensaciones que ofrece el ministerio es de la cuarta parte, supera apenas los 9 millones de euros.

Los alcaldes de Oseja de Sajambre, Antonio Mendoza, Posada de Valdeón, Tomás Alonso y el presiente del Real Concejo de Valdeón, Felipe Campo, exigen una reunión de todas las partes para abrir un periodo de negociación y llegar cuanto antes a un acuerdo en materia de indemnizaciones por la supresión de la caza. «La valoración del Ministerio es muy inferior a lo que nosotros tenemos calculado por ello es necesario esta reunión en la que debería estar también la Junta de Castilla y León para apoyarnos», explica Mendoza.

Respecto a la valoración económica realizada por el ministerio, que ha sido de 9 millones de euros, los alcaldes consideran urgente que ese dinero se adelante a las arcas económicas de los ayuntamientos y juntas vecinales afectadas. «El principal problemas que tenemos en estos momentos es que no hay dinero para aguantar el año. Nos están causando un perjuicio porque la caza ya cesó y no tenemos ingresos que necesitamos para acometer obras y actuaciones».Los ediles consideran que se ha llegado a esta situación porque las cosas no se han hecho bien dado que se tenía que haber negociado la indemnización cinco años antes de que se acabara la caza. «Eso nos hubiera permitido seguir contando con le dinero de la caza hasta llegar a un arreglo. Necesitamos este dinero para poder sobrevivir en los ayuntamientos».

«En clara desventaja»

Tanto Mendoza como Alonso puntualizaron que a la hora de negociar las administraciones locales están en desventaja ya que la prisa del ministerio para llegar a un acuerdo no existe pero «nosotros no podemos mantener los ayuntamientos y juntas vecinales sin ese dinero. Nos tienen en un estado de inferioridad y desventaja».

Felipe Campo, cuyo concejo cuenta con la mayor extensión de terreno afectado por la supresión de la caza, coincide en recordar al ministerio que las juntas vecinales solo tienen ese ingreso que es urgente para poder funcionar. «Nuestro principal ingreso era la caza ya que lo del ganado es mínimo y consideramos que los cuatro millones y medio que nos ofrece el ministerio es inferior a nuestra valoración», según Campo que considera también urgente que se adelante parte del dinero para poder seguir funcionando. «Si esto no se soluciona estamos hablando que tarde o temprano van a tener que desaparecer las juntas vecinales al carecer de ingresos». Para Campo las reuniones con el ministerio tienen que hacerse de forma urgente para intentar llegar cuanto antes a un acuerdo. «Si no se llega a un acuerdo tendremos que ir judicialmente para defender lo que consideramos que es justo en cuanto al tema de las indemnizaciones económicas. Todo esto a no ser que el ministerio cambie de postura. Por eso es necesario que nos reunamos todas las partes afectadas», concluye.

La explotación cinegética en esta vertiente parque nacional de Picos de Europa afecta a un total de 24.000 hectáreas de coto de caza en los que se abatían rebecos, corzos, ciervos, jabalíes y lobos, que reportaban importantes ingresos económicos en la zona.