Los fisioterapeutas rechazan que en el medio rural se privatice la fisioterapia
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla y León (CPFCyL) ha mostrado su rechazo contra la privatización encubierta de la fisioterapia en el medio rural. «Estos servicios conllevan partidas presupuestarias que se pagan con los impuestos de todos los ciudadanos, pero su asignación no suele ser accesible mediante libre competencia siendo frecuente que la concesión se asigne a ‘los de siempre’», señalan en un comunicado.
Al respecto, señalan que «es frecuente que dichas empresas concesionarias se hallen vinculadas a entidades sin ánimo de lucro que se benefician de exenciones fiscales, subvenciones de fondos estatales, ayudas públicas y privadas, etc. que les sitúan en un lugar privilegiado del que se ven excluidos profesionales autónomos con empresas de servicios ya constituidas, conculcando la competencia en igualdad de condiciones».
Además, critican que «es frecuente que los ayuntamientos quieran beneficiar a sus ciudadanos y cedan locales (bien de modo gratuito, bien con arrendamientos testimoniales) que, además, llevan incluidos los servicios de luz, calefacción, agua. Este altruismo municipal es obvio que beneficia a la empresa concesionaria que se ahorra los gastos de implantación y explotación de su negocio a cuenta del dinero de todos».
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla y León entiende que «la prestación de este tipo de servicios de Fisioterapia y Rehabilitación debieran de verse satisfechos con la adecuación de la Atención Primaria que actualmente sólo tiene desarrollo en poblaciones urbanas (y tampoco mucho) dejando a las poblaciones rurales en manos de empresas muchas veces creadas ‘ex profeso’ por organizaciones sin ánimo de lucro contra las que es imposible competir en el mercado por los privilegios que las benefician».
«Esa foto que se hacen los cargos públicos y que les resulta tan grata, nos sale muy cara a los ciudadanos y es una decepcionante medida de pretendida ayuda al medio rural que, en realidad, es un regalo envenenado que sustrae dineros que bien podría emplearse en potenciar la sanidad rural», concluye.