Investigados tres hombres por delitos relacionados con la caza del lobo

La Guardia Civil de Palencia investiga a tres hombres de 44, 57 y 60 años de edad, vecinos de las provincias de Palencia, Santander y León, respectivamente, por varios delitos relacionados con la caza del  lobo  ibérico, por falsedad documental y usurpación de estado civil y contra la fauna.

La investigación de estas tres personas se enmarca en la Operación Signatus iniciada tras detectar que se podían estar utilizando precintos de  lobo  de manera irregular en la caza de lobos ibéricos, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Los agentes han llegado a investigar a gestores de cotos y cazadores de las provincias de Palencia, Burgos, León, Cantabria, Valencia y Málaga.

Al parecer, la Guardia Civil se percató de diversas anomalías en los documentos y comunicaciones de las capturas de lobos, hasta averiguar que incluso se atribuyó la caza de un  lobo  a un cazador que no la había realizado.

Esta operación, que ha requerido análisis genéticos y se ha desarrollado durante más de un año, ha concluido con la investigación de dos gestores de cotos de Palencia y Santander, como supuestos autores de delitos de falsedad documental y usurpación de estado civil, y de un cazador de León por un delito contra la fauna por cazar un ejemplar de  lobo  careciendo de autorización del titular del coto.

Además, a este cazador se le ha retirado la autorización para la utilización y tenencia de armas de caza y durante la operación se ha incautado un  lobo  entero naturalizado.

En el ámbito administrativo se formularon varias denuncias a otras tres personas por incumplimiento de la normativa de caza en relación al abatimiento de dos lobos, decomisando los restos de un ejemplar de  lobo  (cráneo) en un taller de taxidermia ubicado en Burgos.

Las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de guardia correspondiente y de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Palencia, quedando los efectos intervenidos a disposición de las Autoridades competentes.

Las penas por la comisión de este tipo de delitos pueden alcanzar los tres años de prisión, multas de hasta 12 meses e inhabilitación para la caza por tiempo de uno a tres años.

Las sanciones por denuncias podrían llegar a alcanzar los 5.000 euros cada una, así como la retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla durante una plazo de hasta tres años.

Además, según ha precisado la Guardia Civil, este tipo de sucesos suele conllevar la revocación de la licencia o permiso de armas de caza.