La falta de medios y personal restó eficacia al control de los fondos Miner

El director general de Energía y Minas, Alfonso Arroyo, admitió ayer que no ha habido medios materiales ni personales para llevar a cabo un «control exhaustivo» de las actuaciones financiadas con los fondos Miner para la reactivación de las cuencas mineras. Así lo expresó Arroyo en la primera sesión de la Comisión de Investigación sobre el análisis de las ayudas recibidas por la Comunidad de Castilla y León en el marco de los planes estratégicos del carbón, que tuvo lugar ayer lugar en las Cortes de Castilla y León.

Arroyo manifestó que la falta de capacidad para analizar las inversiones «ha provocado problemas de gestión en las ayudas, retrasos e ineficacia», aunque ha matizado que ello no implica «que los fondos no se hayan invertido bien». A su juicio, «hay que desterrar la idea de que esto no ha ervado para nada» porque «las comarcas mineras han mejorado» aunque la «dependencia excesiva» del carbón provoca que no existan «grandes alternativas» para la generación de empleo. También señaló que las cuencas mineras deben centrarse en «sus recursos endógenos» y que con el paso del tiempo durante unos años «seguirán perdiendo población» para adaptarse a la propia capacidad de la zona para generar actividad económica.

La Comisión de Investigación de los Miner se puso en marcha ayer bajo la presidencia de la procuradora de Ciudadanos, María Teresa Gago, y con la intervención como vocales de Javier Campos por el PSOE; Luis Mariano Santos por UPL; Blanca Negrete por Ciudadanos y Amparo Vidal por el PP. En la agenda del día, tras la comparecencia de Arroyo le tocó el turno a la directora general del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE), Susana García.

Infraestructuras

Arroyo defendió las inversiones en infraestructuras que se han llevado a cabo durante los últimos veinte años ya que «por su propia ubicación», las cuencas necesitan mejoras en infraestructuras viarias «para su reactivación». «No pasas por Villablino para ir a ningún sitio», señaló Arroyo, en referencia a la situación de la comarca lacianiega. También negó, tal y como planteó el procurador leonesista, Luis Mariano Santos, que la Junta se haya «ahorrado dinero» en competencias propias para invertir en las cuencas solo los fondos del carbón. A juicio de Arroyo, hay un «compromiso de adicionalidad» que obligaba a que la Comunidad invirtiera el 25 por ciento de los fondos que aportaba el Estado aunque reconoce que habría que analizar cuánta inversión se ha realizado en otras zonas «para comprobar si había un gasto adicional» en las cuencas.

El director general de Energía y Minas, que negó tener constancia de que los Miner hayan ido a parar a algún municipio no minero, ha afirmado que la reconversión económica de las cuencas es una labor «muy complicada de por sí». «Es un objetivo que se viene persiguiendo desde hace décadas» y que necesita «mucha coordinación y mucho trabajo conjunto». Cree que «no es sencillo generar actividad económica donde no la había» antes del carbón y que cada vez llegarán «menos fondos» para este cometido. De hecho, ha recalcado que Castilla y León suele recibir el 30 por ciento de los fondos Miner y que con los Fondos de Transición Justa (FTJ) que habilita la Unión Europea, España recibirá 800 millones de euros, que todavía no se han repartido entre las comunidades autónomas, y que son menos fondos que otros países como Alemania o Polonia que no cerraron sus minas a finales de 2018.

Arroyo estima que «hay que redoblar esfuerzo por parte de todas las administraciones» y ha dejado claro que «no podemos pretender una transición cuando ya se ha cerrado. Eso no es una transición».

En su intervención, señaló que los tiempos para la tramitación de los convenios que luego desembocan en las inversiones son «excesivamente largos» y que estas firmas pueden llevar más de seis meses. «Hay un margen de mejora importante» aseveró el director general de Energía y Minas, quien no duda en que todos los expedientes se han fiscalizado por parte de las comunidades autónomas y del Estado, aunque si se ha adolecido «de un análisis global y conjunto de la eficacia de todos los fondos».