La directora del ICE cree que las cuencas han tenido el «mejor marco» para invertir
La directora general del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE), Susana García, afirmó ayer en su intervención que ante la comisión de investigación de los fondos Miner que durante años, a través de las ayudas de los sucesivos Planes nacionales del Carbón y también las ofrecidas por la Junta, las comarcas mineras han tenido «el mejor marco posible» para invertir, dentro del ámbito de la Comunidad.
Durante su comparecencia, García comenzó por avisar de que su incorporación a la Administración autonómica se produjo en 2019, por lo que se ha centrado más en el análisis de las últimas convocatorias de ayudas y el papel que desarrolla el ICE en la actualidad.
Sobre esto último, defendió el valor de las tres oficinas que tiene desplegadas el ICE sobre el terreno, en los municipios de Guardo (Palencia) y La Pola de Gordón y Villablino, aunque no puso precisar su impacto sobre el empleo generado en estas zonas, como le ha pedido el procurador leonesista Luis Mariano Santos, crítico con la existencia de empresas «cazasubvenciones» que hayan podido aprovecharse de estos fondos, sin que haya tenido un impacto real sobre el desarrollo de estas comarcas.
García sí desgranó que han sido ya unas 12.000 consultas atendidas, 108 cursos de formación ofrecidos fundamentalmente a personas que antes trabajaban en las minas, hasta un número de 1.200 participantes, mientras que las distintas entidades que se han dedicado a la promoción económica en el organigrama de la Junta desde 1998 han impulsado 1.123 proyectos empresariales con ayudas económicas generadas a través de 864 expedientes.
No obstante, la directora general ha reconocido que sus aportaciones a esta comisión tenían que ser necesariamente «muy reciente y muy parcial», al no estar involucrada en la gestión de las tres décadas investigadas.
Sin embargo, ha considerado que, como ella asegura realizar ahora, las evaluaciones y fiscalizaciones de las ayudas concedidas se ajustarían al marco de cada convocatoria, pero ha considerado que en los planes del carbón estas labores debían de corresponder a la Administración General del Estado, como financiadora de las actuaciones.