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El PSOE pide consenso para una ley de caza «sostenible y compatible» con el medio rural

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La procuradora María Rodríguez ha repasado las enmiendas presentadas por el grupo Parlamentario Socialista a la Ley de Gestión Sostenible de Recursos Cinegéticos de Castilla y León, 30 en total, y ha solicitado consenso y diálogo al resto de partidos a la hora de aprobar una norma de gran importancia y trascendencia para el medio rural.

Rodríguez afirma que «se trata de una ley que adolece de carencias fundamentales» para conseguir la regulación de la caza, una actividad que regularizada de forma ordenada y sostenible eslegítima, «un recurso endógeno de las zonas rurales, pero que debe perseguir también la convivencia y la defensa del bien común por encima de todo».

«Esta ley debería ser una oportunidad para favorecer el conocimiento de la caza, no solo por los que la practican, sino por el resto de la sociedad, porque el futuro pasa por la convivencia con otros usos legítimos del territorio», afirma la procuradora.

«Algo que no parece coherente es que la propia ley desarrolle en muchos puntos la importancia de la actividad cinegética para el medio rural y no aprueben la enmienda de que los ayuntamientos sean reconocidos como entidades colaboradoras de la Consejería. Introducir a los consistorios en la gestión de los planes cinegéticos ayudaría mucho a garantizar una correcta explotación de los recursos cinegéticos», sentencia.

La parlamentaria socialista también defiende una obligada y necesaria protección medioambiental y de la biodiversidad, patrimonio y seña de identidad de nuestra tierra.

Entre otras cuestiones, Rodríguez ha planteado la protección de determinadas especies en situación de vulnerabilidad, así como la prohibición de la caza de aves anilladas, haciendo constar en la ley qué puede ocurrir y cómo actuar en ese caso. También ha propuesto que, en términos generales, no se puedan acumular más de 3 días consecutivos de caza y un repaso al régimen sancionador, en concreto a la gravedad y consecuencias de los delitos medioambientales.

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