Aprobada con una amplia mayoría la nueva Ley de Caza

Las Cortes de Castilla y León han aprobado este miércoles, con el voto favorable de todos los partidos excepto Podemos, cuyos dos procuradores se han abstenido, la nueva Ley autonómica de Caza y Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos, que finalmente ha deparado un acuerdo inextremis en el escollo que separaba al PP y al PSOE sobre el sentido del silencio administrativo para aprobar planes cinegéticos.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha defendido ante el Pleno la aprobación de esta norma, que modifica la anterior vigente desde 1996, y que en su opinión "afianza la seguridad jurídica" sobre una práctica como la caza, definida por él como una "importante actividad cultural y tradicional", pero que además significa un recurso económico relevante que genera empleo en el medio rural.

Además, el consejero ha destacado que la práctica de la caza supone un factor de control sanitario de la fauna salvaje y también previene problemas de seguridad vial por el atropello de animales como jabalíes y corzos, que causan cuantiosos daños cuando se producen.

El debate ha arrancado con el debate sobre el voto particular emitido por el PSOE, que alertaba de la inseguridad jurídica que generaba una enmienda del PP que había sido aprobada en la fase de ponencia y que suponía que, cuando un coto presentara un plan cinegético, pudiera comenzar a cazarse sin la autorización expresa de la Administración, al incorporarse el silencio administrativo positivo, lo que en opinión de los socialistas contravenía la ley y podía generar perjuicio público.

Esta posición ha sido defendida por el procurador del PSOE José Luis Vázquez, quien ha calificado de "incomprensible" que el PP pretendiera "poner en riesgo de nuevo la actividad" con una "gravísima inseguridad jurídica", generada por esa enmienda que podía haber sido recurrida de nuevo.

Vázquez ha valorado que finalmente el PP haya "reconsiderado" esta enmienda, porque de este modo se vela por la legalidad vigente, aunque el representante del Grupo Popular que ha intervenido en este punto, Ricardo Gavilanes, ha asegurado que la propuesta no hubiera incumplido la norma que regula el silencio administrativo.

Sin embargo, el representante del PP ha asumido que para dar "mayor seguridad jurídica" y en aras del consenso iban a votar a favor del voto particular del PSOE y, en la práctica, retirar la enmienda y dejar el artículo 43 como estaba inicialmente regulado en el proyecto de ley aprobado por la Junta de Castilla y León, que se da de plazo 3 meses para resolver si autoriza o no un plan cinegético, y en caso de no contestar en plazo, que ese silencio administrativo sea negativo e impida comenzar a cazar.