Las Cortes avalan con gran mayoría la nueva ley que adapta la caza a la «realidad social»

Las Cortes de Castilla y León avalaron ayer por amplia mayoría y con la abstención de Podemos la nueva Ley de Caza y Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León —aprobada como proyecto por el Consejo de Gobierno de la Junta del pasado 4 febrero, una normativa destinada a adaptar el marco regulatorio «a la realidad social, económica y ambiental de nuestro territorio, que ha experimentado notables cambios en estos 25 últimos años desde la anterior ley».

Así lo expresa la Consejería de Fomento y Medio Ambiente que considera que la situación actual de las poblaciones de las especies cinegéticas es «muy diferente» a la que existía cuando se dictó la anterior ley, «puesto que, así como las especies ligadas a los territorios forestales, principalmente las de caza mayor, han experimentado en general un notable incremento, las especies de caza menor asociadas a los hábitats agrícolas han visto cómo sus poblaciones presentan tendencias decrecientes». Según señala el departamento dirigido por Juan Carlos Suárez-Quiñones en un comunicado, existe un sector de la población que manifiesta «un creciente interés en la conservación de la naturaleza y reclama mayores garantías de que ésta no se ponga en riesgo con la práctica de la caza».

La consejería remarca que, al hilo de estas circunstancias, se están produciendo «algunos efectos no deseables, como el notable incremento de los daños a la agricultura producidos por algunas especies, como el jabalí o el conejo, o a la ganadería en algunas comarcas con el lobo; el preocupante aumento de los accidentes de tráfico provocados por especies cinegéticas, que se han duplicado en los últimos 5 años, superando los 8.000 accidentes al año, lo que equivale a más de 20 accidentes al día, con elevados daños materiales y en ocasiones importantes daños personales y la mayor dificultad en el control de determinadas epizootias y zoonosis, que suponen un riesgo para la salud de los animales y también, en algunos casos, para la de las personas».

Entre los principios que pretende garantizar la ley se encuentra el aprovechamiento de los recursos cinegéticos garantizando su sostenibilidad y la adecuada conservación de especies y hábitats sobre las que se ejercite la caza; la contribución de la actividad cinegética al equilibrio ecológico como herramienta para el o la contribución de la actividad cinegética a la generación de actividad y empleo en el medio rural.

Entre las novedades, se incluye la elaboración de una Estrategia de la Caza de Castilla y León, de Planes Territoriales de recursos cinegéticos y de Planes de Gestión de Especies cinegéticas, para aquellos territorios y especies que requieran de una consideración especial. Además, los planes cinegéticos de los cotos de caza deberán ser elaborados por técnicos especializados, y basarse en censos rigurosos realizados con una metodología avalada técnicamente.

También se habilitan mecanismos para limitar a la administración para considerar cinegética una nueva especie, pero la habilita para excluirla de forma rápida y se regula la posibilidad de que una especie cinegética sea declarada «de atención preferente», por lo que será objeto de planes de gestión específicos.

También destaca la importancia del seguimiento poblacional de las especies cinegéticas con un nuevo Sistema de Seguimiento de las Poblaciones Cinegéticas de Castilla y León, que utilizará todas las fuentes de información disponibles. También se crea la figura de los cotos colaboradores y la ley unifica en 250 hectáreas la superficie mínima necesaria para la constitución de terrenos cinegéticos. Por otro lado, se eliminan las zonas de caza controlada y los cotos regionales y en lo referente a las reservas regionales de caza, el Proyecto de Ley prevé la posibilidad de segregación de sus terrenos a petición de los propietarios, y se mejora el funcionamiento y el control del fondo de gestión de las reservas mediante la creación de una comisión del fondo de gestión para cada reserva.

La nueva ley de caza también establece los períodos hábiles máximos en los que se podrá practicar la caza, cumpliendo los requisitos establecidos en la normativa comunitaria y estatal, que no obstante podrán restringirse si las circunstancias así lo aconsejan en vía reglamentaria, pero no ampliarse por la Administración, manteniéndose la tónica del Proyecto de la reserva de Ley en el sistema, y la habilitación reglamentaria sólo para incrementar la protección. Además, se establece una pormenorizada serie de limitaciones y prohibiciones con el fin de proteger la conservación de las especies, su pureza genética y los hábitats en los que habitan.

Por otro lado, la nueva Ley establece nuevos instrumentos para permitir un adecuado control poblacional de las especies cinegéticas con el fin de evitar riesgos importantes sobre la salud, la seguridad de las personas y los daños a la agricultura, destacando especialmente el establecimiento de la figura de Emergencia Cinegética para acometer situaciones de urgente actuación en caso de importantes daños por una sobrepoblación intensa de determinadas especies.