Campo
El Congreso rechaza dotar de tarifas eléctricas favorables a los regadíos
El PP defiende en una PNL que la medida aseguraría «viabilidad» a las explotaciones
La Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados rechazó ayer una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el PP, defendida por la diputada Milagros Marcos, sobre el impacto que tendrá para el regadío la nueva metodología de cálculo de los costes eléctricos y en la que pedían al Gobierno consenso sobre la gestión nacional del agua, tras la aprobación de la nueva planificación hidrológica.
En ella, han pedido al Ejecutivo que promueva y regule un modelo de tarificación favorable y adaptado a las especiales características del sector agroalimentario español; una propuesta defendida por la portavoz de Agricultura del PP, Milagros Marcos, que finalizó su intervención reclamando «consenso sobre el agua y el diseño de los planes hidrológicos, inversiones y doble facturación eléctrica».
Desde el PP señalaron que «según el Gobierno, la combinación de los nuevos peajes, establecidos por las normas anteriormente citadas y por la orden ministerial que fija su cuantía, permitirá que la nueva factura eléctrica dependa de la energía consumida, lo que fomentará el ahorro y la eficiencia energética y permitirá que las medidas en este sentido tengan un mayor impacto en el recibo del usuario».
Apoyo necesario
«Sin embargo, existen sectores económicos, como la agricultura vinculada al regadío, que se consideran muy perjudicados por la nueva regulación, ya que se incrementan los periodos más caros y se reducen los más baratos, precisamente en los momentos en los que los cultivos necesitan de los riegos», indicó Marcos en la PNL; donde también apuntó que «la brevedad de los horarios que podrían resultar menos caros hacen imposible que los agricultores puedan acumular los riegos para optimizar el gasto.
Respaldo al sector apícola
Por otro lado, la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación aprobó una PNL en la que insta al Gobierno a seguir apoyando a la apicultura para influir en los factores ambientales, climáticos y de la actividad humana y mejorar las condiciones generales de producción.
En el texto, defendido por el diputado socialista Herminio Rufino Sancho, se indica que el sector apícola en España refleja una pérdida de productividad global, con menores rendimientos por colmena a pesar de una mayor inversión realizada, lo que desemboca en una perdida de competitividad.