Quiñones pide al Gobierno «mayor planificación» de las renovables

El consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, reclamó ayer una «mayor implicación» por parte del Gobierno de España en la planificación de las energías renovables. Así lo aseguró ayer a preguntas de los periodistas —a raíz de la movilización el pasado fin de semana contra los parques fotovoltaicos de Maragatería y Sequeda— durante su visita a la localidad de Brañuelas para conocer las instalaciones de la fábrica León Brezo Ecológico. 

«Es necesaria una planificación de estas infraestructuras y, dicha planificación, hay que hacerla sobre la base de los puntos de evacuación donde esas infraestructuras tienen que aportar energía al sistema eléctrico y, eso, es competencia de Red Eléctrica Española y del Gobierno de la nación», indicó Suárez-Quiñones.

Por ello, el consejero reiteró que desde la Junta de Castilla y León han pedido al Gobierno que trabaje en una «mejor planificación» de las energías verdes «para que los puntos de evacuación se gestionen, se autoricen o se conceden posibilidades de acceso a aquellas instalaciones que tengan que estar porque en la planificación territorial  es lógico que estén».

Al respecto, Suárez-Quiñones recordó que «a la Junta, y en lo que tiene que ver con mi consejería, lo que le corresponde es hacer declaraciones de impacto ambiental de determinadas instalaciones que no superan los 50 megavatios (MW) de potencia porque las que lo superan la tramitación ambiental depende del Gobierno». No obstante, matizó que «en éstas que son superiores de 50 MW también hemos remitido al Gobierno un informe de Red Natura 2000 sobre las afecciones que puedan tener esas instalaciones».

«En todo este entramado de tramitaciones hay que confiar en la garantía que suponen los procedimientos ambientales que han de ser favorables para que los proyectos puedan salir adelante», apuntó el consejero, que mostró su respeto a los que rechazan las energías renovables, pero concluyó que «en todo esto no hay una decisión arbitraria de un consejero o de otra autoridad; hay unos procedimientos reglados que dan lugar a la autorización si se cumple o no una serie de requisitos».