Emilia Aguirre Ventosa | Vicepresidenta primera del Parlamento de Cantabria
«Hay que buscar el equilibrio entre los territorios con una discriminación positiva»
Emilia Aguirre destacó la necesidad de buscar un consenso. RAMIRO
«Una población mermada es insostenible desde el punto de vista económico pero una ciudad desbordada también lo es». La vicepresidenta primera del Parlamento de Cantabria insistió ayer en la necesidad de buscar el equilibrio entre las zonas urbanas y las rurales a través de políticas transversales que afecten a todas las áreas con el objetivo de crear las mismas oportunidades.
Emilia Aguirre considera que la despoblación es un tema que afecta a todo el territorio nacional, pero que tienen que ser las ocho comunidades que más lo sufren —entre las que se encuentran precisamente Castilla y León, Galicia y Cantabria— las que se unan en busca de un consenso político y territorial que ponga fin a este problema.
La vicepresidenta considera que «no basta con que las administraciones digamos lo bonitos que son los pueblos, hay que dotarlos de servicios para hacerlos atractivos».
Aguirre apuntó que de los 102 municipios que hay en Cantabria 29 están en riesgo de despoblación con una media de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, una media que llega a los ocho habitantes en 19 municipios que ya se encuentran el riesgo severo de despoblación. Y es que el 80% de la población cántabra se concentra en un 12 por ciento de su superficie.
Entre las actuaciones más urgentes, Aguirre destacó la necesidad de revisar el modelo de financiación autonómica para que el reparto de los fondos se adapte a los gastos que tienen cada territorio. «En Cantabria destinamos más de un 3% al transporte escolar, para llegar a todas las zonas de montaña de la comunidad, invertimos en este servicio más que Madrid o que Baleares, y este gasto debería tenerse en cuenta en el modelo de financiación de las comunidades».
La parlamentaria destacó que Cantabria cuenta desde hace años con un consejo asesor contra la despoblación que aglutina a todas las administraciones competentes. «Una de sus primeras actuaciones ha sido elaborar un mapa donde están localizadas todas las zonas en la que actuar y ejercer una discriminación positiva», explicó.