Amilivia: “Las estrategias ante el desafío poblacional requieren amplios consensos y evitar caer en la estigmatización del territorio”

Tras agradecer al Diario de León la organización de este congreso sobre la despoblación, en el que hoy ha estado presente también el alcalde de León, José Antonio Díez entre el público del Club de Prensa, el presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, considera que la capacidad de aportar soluciones de futuro al desafío poblacional parte, de un lado, de una evaluación rigurosa de los resultados de las medidas aplicadas en materia de despoblación y, de otro, de una posición constructiva en el diseño de nuevas estrategias, con amplios consensos, que permita hacer frente a la preocupante dimensión del problema, pero evitando caer en la estigmatización del territorio.

Con una apelación al sentido de responsabilidad en el análisis de los asuntos de la Comunidad, Amilivia abogó por que “las comunidades con problemas de despoblación, pero no vacías, seamos capaces de proponer una alternativa con calidad de vida a la España con mayor densidad de población”. Por eso quiso poner de manifiesto la necesidad de adaptar el modelo de financiación autonómica a las necesidades concretas de cada territorio para tratar de revertir el problema de la despoblación.

El presidente del órgano de control externo autonómico se ha referido en su exposición al informe publicado el año pasado sobre la fiscalización de aplicación de las medidas aprobadas por las Cortes de Castilla y León en materia de despoblación en las entidades locales de la Comunidad. Una auditoría operativa cuya aportación más importante, más allá de los resultados obtenidos y de sus recomendaciones, es haber introducido de forma pionera el problema de la despoblación en el sistema de la evaluación de las políticas públicas de las instituciones de control externo, para que este sea objeto de seguimiento y atención permanentes.  

La fiscalización en cuestión anotó aspectos sobre la evolución de la población con datos sobre la provincia de León, que pasó de los 500.200 habitantes registrados en 2008 a los 463.746 en 2018, con un descenso del 7,3%. 

En las conclusiones del informe se analiza también la evolución de los servicios. Señaló, sobre ello, que los indicadores relativos a la prestación de los servicios públicos esenciales ofrecen variaciones poco significativas en el periodo objeto de análisis. Amilivia desgranó también los indicadores sobre la evolución de la actividad económica con algunos ejemplos como el del desmantelamiento de la minería en las cuencas y su impacto en la pérdida de empleo. 

El otro gran apartado de las conclusiones de la auditoría se centra en las medidas propuestas por las administraciones públicas en materia de despoblación en relación con las entidades locales, constatándose que en la mayoría de los casos no contienen propiamente una definición del problema que pretenden abordar, ni tampoco una evaluación de las causas.

El un tercer apartado se aborda el análisis de las medidas emprendidas por las entidades locales, donde se pone de manifiesto que ninguna de las 32 principales entidades tiene un departamento o área específico dedicado a este asunto.

Tras el diagnóstico del problema de la despoblación y la batería de propuestas del Consejo, Amilivia recapituló los apartados más relevantes de las mismas, como por ejemplo el hecho de que no ha existido una estrategia de carácter global contra la despoblación. También destacó una relación de causalidad entre la pérdida de PIB y despoblación, ya que las oportunidades laborales son el factor más determinante para la evolución demográfica. 

"La Comunidad ha mantenido la prestación de los servicios públicos esenciales en el territorio, que pueden ser condición necesaria pero no suficiente para crear población", matizó. En este sentido, apunta que Castilla y León, pese a mantener la estructura de servicios esenciales en su extenso territorio, en términos demográficos es especialmente sensible a los cambios del ciclo económico. 

En este sentido, además de la población "hay que tener en cuenta las circunstancias de cada territorio, ya que los costes de la prestación de servicios varían". Amilivia expuso que en el ámbito de Castilla y León el gasto sanitario de un mayor de 75 años multiplica por 5 al de uno menor de 45. En materia educativa se mantienen abiertas las escuelas con 3 niños y la educación en el medio rural es entre un 40 y 50% más caro que en el urbano. 

"Por tanto, no se trata solo de tratar de fijar unos niveles de población, sino también de establecer cómo tiene que estar distribuida en el territorio para que la ordenación de infraestructuras y servicios públicos esenciales sea eficiente, conforme a la capacidad de financiación de la Comunidad Autónoma", asevera.

El presidente concluyó con la reflexión de que "resulta imprescindible identificar las potencialidades económicas del territorio para que los estímulos públicos de las diferentes administraciones, siempre limitados, sean capaces de generar actividad productiva".