Quintana: "Los habitantes de las zonas rurales y los de las ciudades tienen los mismos derechos, y el Estado tiene que poner los medios"

El Procurador del Común en Castilla y León, Tomás Quintana, reflexionado sobre las circunstancias que “nos han traído hasta aquí, en esta comunidad autónoma, pero también a otras partes de España”. Explicó que hay que echar la vista atrás para llegar a los años 50 del siglo pasado, cuando hubo un efecto de emigración de miles de personas desde los pueblos a las grandes ciudades, a los centros industriales, por la crisis del campo. Fue cuando se llevo a cabo el desarrollo industrial del país. ”Uno de los objetivos era que la economía dejara de pender mayoritariamente del sector primario” y fue, explica, cuando se  inicia el sector servicios, con el comienzo del turismo en este país. “El desarrollo económico pretendido supuso un movimiento migratorio, que trajo consigo además un desgarro personal de miles de personas que salían de su entorno casi de una manera definitiva, y eso tuvo unas consecuencias devastadoras desde el punto de vista demográfico, y unas consecuencias negativas desde el punto de vista económico y social para los pueblos”.

Ya a finales de los 60 y principios de los 70, continua Quintana, “se produjo otro fenómeno más silencioso pero igualmente devastador”, con una segunda emigración que afectó a los jóvenes. “Ya no eran familias enteras que buscaban nuevas oportunidades, eran jóvenes que no encontraban las condiciones laborales adecuadas en el medio rural. A la primera emigración no se le presta ninguna atención, después con los desarrollos de las Comunidades Autónomas se fue tomando conciencia del problema y se empiezan a poner los primeros instrumentos en marcha, que manifestaban la voluntad de parar un problema, pero a efectos reales han inexistentes como se ha comprobado ahora”. 

El Procurador explicó que ya principios de 2017 el Gobierno de la Nación acusa mucho más este problema y se convoca la conferencia de presidentes, en la  que se acuerda la aprobación de una estrategia nacional contra la despoblación del medio rural.

Lo que Quinta quiso dejar claro es que “la despoblación no solo afecta a España, también a otros países europeos, en Italia la situación es muy similar a la nuestra, quizás con menos dispersión de la población, también en Grecia, e incluso se puede decir que es un problema mundial, global ya que la población tiende a agruparse en los núcleos más grandes”.

Más allá de estas ideas el Procurador recapitulo sobre una cuestión fundamental, “el problema de la despoblación no es de las comunidades, es un problema de Estado, que no se ha atendido debidamente”. Por eso cree que es necesario afrontarlo poniendo al servicio de las Comunidades Autónomas medidas y también recursos económicos.

“Desde la privilegiada posición del Procurador del Común considero que en el medio rural de esta comunidad autónoma los ciudadanos no parecen tener los mismos derechos para recibir los servicios de calidad que reciben los habitantes de las ciudades”. Por eso, apunta que la prestación de estos servíos ha de tener en cuenta las circunstancias del medio rural y de las personas que viven en ellas, la dispersión de la población, el envejecimiento poblacional, las patologías de esas personas mayores, su falta de movilidad. “Todas estas circunstancias han de tenerse muy en cuenta en la sanidad y en los servicios sociales, y todo esto es muy costoso, requiere mucho personal cualificado y muchos medios. Eso lo tienen que tener en cuenta los poderes públicos y sobre todo el Estado, a la hora de establecer los criterios de financiación. Esto no es nuevo. Esas necesidades deben atenderse, y se han de financiar, y eso ha de tenerse en cuenta si querernos afrontar el problema de una forma definitiva. Esa igualdad cuesta dinero y ahí el Estado tiene que actual”, asegura.

Con la educación ocurre algo parecido, explica, “hay pocos niños, pero los que hay hay que atenderlos debidamente para ser fieles a ese principio de igualdad y para mantener esa población joven en el medio rural. Una  educación de calidad contribuye a asentar población”.

Otro factor a tener en cuenta para el Procurador es el empleo, el publico, que presta sus servicios, y el privado que supone la creación de riqueza.

El público es el que contribuyen a la prestación de los servicios públicos municipales, los sociosanitarios y la educación. “Un problema  importante que afecta a este empleo público y es que no fija su lugar de residencia en el medio rural, por lo que hay que considerar la posibilidad de incentivar esa residencia y así contribuir esa repoblación de los pueblos”. El sector privado lo forma parte la agricultura, la ganadería, y la transformación.

Por lo que se refiere a la ganadería, apunta que España es un gran productor de animales vivos y de sus productos derivados. “Se produce ahora la disyuntiva entre las granjas grandes, las llamadas macrogranjas o las pequeñas. Lo que hay que hacer a garantizar que al margen de su tamaño sean rigurosas en las exigencias ambientales y sanitarias, y debe someterse su funcionamiento a las mejores técnicas disponibles para que no supongan más un perjuicio que un beneficio y ser consideraros como captores de generación de empleo y factor de desarrollo”.

Por lo que se refiere al sector energético, apunta a que poner a las energías fósiles ha supuesto una pérdida de empleo muy fuerte y ha sido algo negativo, al margen de que se promuevan ahora otras energías renovables. “Hay que considerar qué efectos poblacionales puede tener la expansión de las plantas fotovoltaicas o solares porque supone la ocupación del suelo y poca necesidad de mano de obra”, explicó. Por lo que “hay que insistir en poner en marcha medidas compensatorias”. El empleo es importante pero no suficiente, por eso apuntó que “también hay que poner en marcha la promoción de viviendas accesibles y sostenibles”.  Concluyó con la idea de esto sería posible sin digitaliza el medio rural.