Impuestos sin bienestar social

Los ciudadanos del municipio de León son los que más impuestos pagan a su ayuntamiento en todo el país: 502 euros per capita cada año. La presión fiscal de la capital leonesa es superior a la de Barcelona (490,60 euros) o Madrid (377,15 euros). Así, en el 2002, el Ayuntamiento de León prevé recaudar más de 77 millones de euros entre impuestos y tasas, una cifra que a partir del año próximo se verá sensiblemente reducida por la supresión del impuesto de actividades económicas (IAE) contemplada en la nueva Ley de Haciendas Locales, que esta semana comenzó su andadura en el Congreso con el apoyo del PP y Coalición Canaria. La polémica sobre qué ciudadanos son los que pagan más impuestos a sus ayuntamientos la abrió el pasado miércoles José María Aznar cuando, en un acto con alcaldes de su partido, el presidente del Gobierno criticó a los consistorios socialistas, a los que situó como los que más cobran a sus ciudadanos, empezando por Badalona y Barcelona. Aznar izaba así uno de los estandartes de su programa electoral para las municipales del 2003: la bajada de impuestos; el primero, el IAE. Sin embargo, sus datos no se corresponden con la realidad. El PP calcula la presión fiscal municipal en función de lo cerca que estén los ayuntamientos de recaudar el máximo que les permite la ley. Así, Barcelona recaudaría el 72,6% de su límite legal, mientras Madrid se quedaría en el 42% y León, por debajo del 25%. La fórmula tiene varias trampas: olvida que no todos los ayuntamientos tienen las mismas competencias y considera negativa la situación de las instituciones municipales que asumen con más determinación su corresponsabilidad fiscal para ofrecer mejores servicios a sus ciudadanos. La otra trampa ve la luz si se calcula la cantidad que debe pagar cada ciudadano -la forma lógica de calcular la presión fiscal: sumar los ingresos por tasas e impuestos de cada ayuntamiento y dividirlo entre el número de habitantes- y que coloca a León a la cabeza, por delante de Barcelona a pesar de que, con la fórmula popular, tiene tres veces menos presión fiscal que la capital catalana. Municipios y competencias Las críticas a los municipios que asumen más competencias ha provocado una fuerte tormenta política en Cataluña, pero en León ha pasado inadvertida. Y eso pese que la calidad de vida de los leoneses está muy por debajo de la de, por ejemplo, los barceloneses. El «Anuario Social 2001» de La Caixa así lo confirma: en una escala de uno a diez, el nivel de bienestar de Barcelona recibe un nueve; el de León, un tres. El problema de León no es, pues, la recaudación que realiza el Ayuntamiento, sino la gestión de los recursos. Así se explica la deuda, que ya alcanza los 116 millones de euros y se acerca al límite máximo permitido por la ley. Y el gasto corriente, destinado a personal y mantenimiento fundamentalmente, que se ha incrementado un 33% desde 1998 y ha pasado de 63 a 90 millones de euros, en grande parte debido a la política de contrataciones que ha desarrollado desde entonces la coalición gobernante (PP-UPL). Mientras esas partidas crecen, las inversiones se reducen casi en el mismo porcentaje: de 37,8 millones en 1998 han pasado a 27,5 en el ejercicio del 2002, sin que León haya alcanzado el nivel óptimo de bienestar y servicios sociales, las principales atribuciones municipales, puesto que las inversiones en infraestructuras corresponden en su mayoría al resto de administraciones. Los leoneses son los españoles que más dinero pagan a su ayuntamiento, un esfuerzo que no se traduce de manera suficiente en mejoras de su nivel de bienestar: se mantienen los problemas de empleo y vivienda (y, por tanto, una fuerte tasa de emigración de los jóvenes mejor preparados) y las carencias en determinados servicios básicos, como son las guarderías y los centros para mayores (3 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, la mayor parte de ellas, privadas). Las políticas redistributivas de la riqueza han fracasado. Y la situación se agravará con los inmigrantes con escasos recursos y la falta de planes de integración que prevean el problema y lo atajen de raíz. Los ayuntamientos cada vez asumen más competencias y, por lo tanto, cada vez necesitan más dinero para ejecutar sus políticas, centradas en las personas. La supresión sin compensaciones del IAE, que representa por término medio el 20% de los ingresos de los grandes municipios, no tiene en cuenta esa realidad. Por eso, no sería de extrañar que los consistorios compensaran esa pérdida recurriendo a una subida del impuesto de bienes inmuebles (IBI) hasta acercarse al 1,1% que permite la ley. Siempre, eso sí, después de las elecciones de mayo. Cada leonés paga más de 500 euros al año en impuestos; sufragar la deuda total del Ayuntamiento costaría, además, el doble a cada ciudadano. Las rebajas de impuestos siempre son utilizadas como un arma electoral y siempre son recibidas con agrado por los ciudadanos. Pero el sentido común asegura que es imposible mantener o incrementar el nivel de bienestar quitando dinero a quien más competencias asume. Sobre todo si se tiene en cuenta que, en ocasiones, algunos gestores ni con dinero reducen las desigualdades y mejoran la calidad de vida de los ciudadanos.