El fiscal pide cinco años de cárcel para el ex recaudador de Villamañán por apropiarse de 77.336 euros de las arcas muncipales

La Audiencia Provincial celebró ayer juicio contra A. J. G., que estuvo contratado por el Ayuntamiento de Villamañán como recaudador municipal entre los años 1981 y 1996, y al que el Ministerio Fiscal y la acusación que ejerce el propio consistorio le imputan un delito continuado de malversación de caudales públicos. El fiscal considera probado que el acusado no reintegró al Ayuntamiento de Villamañán cantidades por importe de 77.336 euros (12.867.706 pesetas), dinero que había cobrado a los contribuyentes en concepto de tasas e impuestos municipales. La acusación pública no considera que existan circunstancias modificativas de la responsabilidad penal del acusado en unos hechos que considera constitutivos de un delito continuado de malversación de caudales públicos por los que solicita al tribunal que le imponga una pena de cinco años de prisión y ocho de inhabilitación absoluta, además de indemnizar al Ayuntamiento de Villamañán con la misma cantidad que dejó de ingresar en sus arcas por los hechos que se juzgan. La acusación particular que ejerce el Ayuntamiento de Villamañán coincidió con el fiscal en las consideraciones de los hechos juzgados, aunque eleva la pena que solicita para el acusado a seis años de prisión y quince años de inhabilitación absoluta, además de la restitución al consistorio de la cantidad que dejó de percibir como consecuencia de haber sido víctima de este supuesto delito. La defensa niega el delito Frente a las posturas coincidentes que mantienen ambas acusaciones, la defensa de A. J. G. niega las conclusiones a las que llegan el fiscal y la representación del Ayuntamiento de Villamañán, y rechaza que el acusado sea autor de delito alguno, por lo que solicita que sea absuelto con todos los pronunciamientos favorables. A. J. G. fue recaudador municipal del Ayuntamiento de Villamañán de forma ininterrumpida entre los años 1981 y 1996, periodo en el que su labor era la de cobrar a los contribuyentes las tasas e impuestos municipales del consistorio.