Aplazado el juicio contra el industrial minero Ramiro Méndez

La acumulación de casos en el Juzgado de lo Penal número dos de León obligó a aplazar hasta una futura convocatoria la vista oral que estaba previsto que se celebrara ayer contra el empresario minero Ramiro Méndez, a quien se le imputa la presunta autoría de dos delitos societarios por los que el fiscal solicita penas de cuatro años de prisión, una multa de 1.043.749 euros y una indemnización de 520.476 euros. El fiscal considera que este empresario minero, como administrador único de una explotación en Cabrillanes contabilizó entre noviembre de 1997 y enero de 1998 facturas correspondientes a operaciones realizadas supuestamente por él mismo y otra sociedad con sede en Bembibre de la que también era administrador único, con la intención de que ambos figuararan en la lista de acreedores de cara a la suspensión de pagos de la mina de Cabrillanes. Según las consideraciones de la acusación pública, Ramiro Méndez cobró cheques en su propio beneficio por importe de 521.678 euros a cargo de la empresa en suspensión de pagos de la que era administrador único. Facturas fraudulentas El fiscal sostiene que algunas de las facturas que Méndez ordenó expedir en la mina de Cabrillanes no correspondían a ninguna prestación por parte del acusado hacia la sociedad que las pagaba, por lo que sostiene que los hechos son constitutivos de dos delitos societarios tipificados en el Código Penal. Por el primero de estos delitos, el fiscal solicita una pena de dos años de prisión y diez meses de multa a razón de seis euros diarios. En cuanto al segundo presunto delito, la pena solicitada asciende a dos años de prisión, multa de 1.043.357 euros (el doble de la cantidad supuestamente adeudada a la empresa) y otros 520.476 euros por la responsabilidad civil del acusado en los hechos que se deberán juzgar.