El consorcio lo niega, y argumenta que sólo se ha abierto un plazo para la remisión de documentación
El CTR de San Román no cumple la ley de la UE, dice Órbigo Tuerto
La asociación Órbigo Tuerto, contraria a la instalación del CTR en San Román de la Vega, denunció ayer que este proyecto «vulnera el articulado
Las obras del CTR comenzaron hace unos meses en el Valle de Portugal
Un escrito que ayer remitieron a los medios de comunicación el portavoz y el presidente de Órbigo Tuerto, Froilán Cabello y Alfredo Alija, aseguraba que esta entidad ha recibido una comunicación de la dirección general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, en el que ésta señala que «no ha considerado satisfactoria la respuesta de las autoridades españolas a los incumplimientos del derecho comunitario ante ella denunciados» por Órbigo Tuerto, y entiende «que no se han tomado las medidas necesarias para que el CTR se ajuste a las obligaciones resultantes de las directivas del derecho comunitario». Por tanto, «la Comisión Europea ha decidido abrir un procedimiento de infracción contra las autoridades españolas motivado por la vulneración del articulado de cinco directivas del derecho comunitario». Queja en 1999 Esta situación se produce, según confirmó Cabello, tras una queja presentada por la asociación en 1999 ante la Comisión Europea. La entidad aludía, entre otras, a cuestiones relacionadas con la posible contaminación de los acuíferos subterráneos y con la evaluación de impacto ambiental que, de forma simplificada, recibió el proyecto, estudio que no consideraron suficiente para el mismo. Cabello criticó, además, que «las obras comenzaron en septiembre de 2001 y de forma ilegal», ya que «hasta el 2002 el consorcio no pidió permiso para hacer obras en la zona de cauce y policía del CTR», asunto que «no está aún resuelto, al igual que la autorización para el vertido de aguas residuales de la depuradora, también solicitado con posterioridad». Añadió que «lo más grave es que el consorcio tampoco ha pedido el permiso para la propia instalación del CTR», aseguró, «a pesar de que ha dicho que el proyecto cumple escrupulosamente la normativa provincial, autonómica, nacional y europea». Por su parte, Lupicinio Rodrigo restó importancia a la notificación de la Comisión Europea, al señalar que abre «dos meses de plazo para que el Estado español le remita diversa documentación, como el estudio de impacto ambiental» del CTR, documentación que «hasta la fecha no se nos ha solicitado, y que facilitaremos cuando se nos pida», aseguró. Negó que ello supusiera que se abre un procedimiento de infracción, y añadió que «parece alarmante» pero «no lo es, pasa también con otros proyectos».