Democratizar la democracia

Cada vez es más frecuente en León que lo que predican sus gobernantes y la realidad vayan por caminos divergentes. En los últimos días aparecen varios ejemplos. La Junta anuncia con regocijo que Picos de Europa y el Valle de Laciana han sido incluidos en el listado de reservas de la biosfera de la Unesco; al final, es mentira: un funcionario informó mal al Ministerio de Medio Ambiente, que no contrastó la información con ningún documento oficial antes de publicarla. Otro ejemplo: un mes después de firmar un convenio que «garantiza» la instalación de la escuela de pilotos en León, el Ejército se desmarca y asegura que su única opción para ubicar el centro de entrenamiento es Morón de la Frontera (Sevilla), que, además, ya ha recibido para ello 25 millones de euros. Es decir, que el plan de viabilidad no es más que eso, un estudio que no garantiza nada. Mientras las disonancias se multiplican, los gobernantes leoneses ejercen el poder de una manera cada vez más alejada de los ciudadanos, que pierden esa condición para convertirse en simples votantes y contribuyentes. Y la anoréxica sociedad leonesa adelgaza más y más cada vez que es incapaz de reivindicar una promesa incumplida o una ilusión pisoteada, asumiendo ese papel pasivo al que la han relegado y que sólo le permite intervenir cada cuatro años. «En León no hay sociedad civil, no hay una estructura ciudadana que permita crear consensos y que sirva de contrapeso al poder de las instituciones», asegura un político leonés en la oposición. La búsqueda de fórmulas que permitan crear una ciudadanía participativa y dinámica, involucrada en la resolución de los problemas reales de la provincia y comprometida con su propio futuro, debería convertirse pues en el centro del debate político leonés. Sobre todo después de observar los resultados que esas nuevas formas de participación han tenido en otras ciudades. Presupuestos participativos Y entre todos los nuevos instrumentos que fortalecen la participación ciudadana destaca uno: los presupuestos participativos. Una nueva forma de distribuir el dinero que gestionan las instituciones en función de las necesidades y los intereses reales de la ciudadanía, donde la sociedad civil, y no sólo los gobernantes, toma las decisiones que más le afectan. El presupuesto participativo no es más que un procedimiento democrático y directo donde los ciudadanos, de acuerdo con las instituciones, eligen el destino de las partidas municipales. Capitales de provincia como Córdoba o Albacete ya utilizan este mecanismo para elaborar sus presupuestos y algunos pequeños municipios españoles han importado la medida con tanto éxito que han recibido premios de Naciones Unidas. Ahora, el PSOE leonés estudia introducir el presupuesto participativo -junto a la creación de consejos municipales sectoriales (vivienda, mujer, etc) para diseñar nuevas políticas- como una de las medidas más innovadoras de su programa electoral para potenciar la participación ciudadana y consolidar un entramado civil implicado directamente en el desarrollo de la capital. El modelo a seguir parece el de Albacete, donde todo el presupuesto (en Córdoba sólo afecta a 6 millones de euros) -excepto el gasto corriente- es distribuido por los ciudadanos agrupados en asociaciones (y que cuentan incluso con una partida que autogestionan sin necesidad de acordar nada con las instituciones). Así, el Ayuntamiento elabora unos pre-presupuestos que son entregados al Foro que reúne a todas las asociaciones y ciudadanos que deseen participar para que los estudien y formulen sus propuestas; una vez que el Foro entrega sus proyectos, las concejalías correspondientes los valoran y los priorizan. Las ventajas de este método son innegables: incrementa el control de los fondos públicos por parte de los ciudadanos; fortalece la participación y, por tanto, la soberanía popular y el sistema democrático; crea un nuevo centro de poder, que por su pluralidad se mantendrá equidistante del resto de poderes; reduce la apatía de los ciudadanos, que dejan de ser considerados meros contribuyentes y electores; estimula la generación de políticas públicas; reduce los mecanismos de corrupción; y genera una redistribución de la riqueza más equitativa al promover mecanismos de solidaridad y de prioridades reales de la gente. En definitiva, es un camino, no un fin en sí mismo, que tiene como gran virtud «democratizar radicalmente la democracia», en palabras de Tarso Genro, ex alcalde de Porto Alegre. Y no es una utopía: Porto Alegre, una ciudad brasileña con más de un millón de habitantes, utiliza el presupuesto participativo desde hace más de trece años en los que ha vivido un espectacular desarrollo socioeconómico. Sólo medidas innovadoras que den lugar «a la formación de un nuevo tipo de ciudadano: activo, participante, crítico» (Genro) servirán para acabar con la extrema delgadez de los leoneses. Participación y ciudadanía frente a privatización, que ya alcanza hasta a la recaudación de impuestos, como pretende -en contra de la línea oficial de su partido y de los intereses ciudadanos- el alcalde de San Andrés, Miguel Martínez, en un atentado contra la transparencia y la vigencia de lo público como espacio para la convivencia.