«Con la supresión del juez de paz se pierde el primer eslabón de la Justicia»

La reforma que plantea el Consejo General del Poder Judicial incluido en el anteproyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia prevé la supresión de los llamados Juzgados de Paz, cuyos titulares, representan la autoridad encargada de prevenir y sancionar las conductas y actos que alteren la paz y la convivencia pacífica en un territorio.

En la provincia son 72 los que se mantienen en la provincia, y que a partir de ahora se conocerán como Oficinas Municipales de Justicia.

El anteproyecto deja atrás el modelo del juzgado unipersonal para dar paso a un sistema de organización colegial que, según el informe, facilita el uso eficiente de los medios personales y materiales; promueve la homogeneidad de criterios y prácticas en beneficio de la seguridad jurídica y la igualdad en la aplicación de la ley; gana en flexibilidad organizativa y presenta una mayor armonización con el modelo de oficina judicial.

Las Oficinas Municipales de justicia son una nueva figura cuya finalidad es aumentar los servicios de la Administración en las zonas rurales. Su ubicación está prevista en todos los municipios, a excepción de aquellos en los que tenga sede el Tribunal de Instancia.

Se prevé que tengan más competencias, sobre todo en materia de Registro Civil, así como en otros trámites judiciales. Por lo que se refiere a la figura del Juez de Paz, esta desaparece, y sus funciones pasan a desempeñar los secretarios de los Juzgado de Paz o Agrupaciones de Juzgados de Paz. Actualmente, en su mayor parte, los jueces de paz se limitaban a firmar las certificaciones del Registro Civil y pocos trámites más, como celebración de matrimonios civiles, etc.

Entre el personal de los juzgados de paz, se valora positivamente esta reforma, ya que las actuales funciones de los jueces de paz se limitan a la firma de expedientes tramitados íntegramente por el personal funcionario y, cada vez es más difícil encontrar personas idóneas para llevar a cabo sus funciones.

Sin embargo, creen que se pierde la figura más cerca al ciudadano, la primera instancia judicial que puede evitar que muchos litigios lleguen a los tribunales.

Purificación Rebollo Ferrero es la jueza de paz de Pobladura de Pelayo García desde hace más de una década, una función que desarrolla con gusto y cree que la supresión de esta figura tradicional en el medio rural «sólo servirá para retrasar trámites. ¿Tú crees que alguien va a venir aquí a buscar una partida de nacimiento de hace mucho tiempo rebuscando en los archivos? No creo. Lo irán dejando y hay gente que las necesita rápido. Nosotros se lo solucionamos inmediatamente porque ya prácticamente sabemos donde está cada cosa». La cercanía a los vecinos es otra de las cosas que se perderá. «Yo creo que es un puesto que debe ocupar alguien del pueblo porque ya conocemos a la gente y eso es muy importante»..

El anteproyecto prevé con carácter general la posibilidad de comarcalizar la circunscripción territorial de las secciones —ampliando el ámbito de competencia del órgano a más de un partido judicial— pero, al mismo tiempo, establece límites en la propuesta de nueva redacción de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, pues se excluye esta posibilidad para las secciones únicas, las civiles y las de Instrucción y se señala su carácter excepcional para las secciones de Familia y de Violencia sobre la Mujer. El informe recuerda que la experiencia pone de manifiesto que la comarcalización de los órganos judiciales especializados favorece la obtención de una tutela judicial de mayor calidad y más eficaz, por lo que cuestiona el carácter excepcional con que queda configurada en el anteproyecto. Además, advierte de que en materia de Violencia sobre la Mujer esa excepcionalidad no se alinea con las propuestas de actuación contenidas en el Pacto de Estado contra la violencia de género.

El texto aprobado por el CGPJ elogia la novedad que supone la creación de secciones de Familia —dentro de los Tribunales de Instancia— como órganos especializados de la jurisdicción civil. El anteproyecto da respuesta así a una demanda de los operadores jurídicos respecto de la necesidad de contar con auténticos órganos judiciales especializados en Derecho de Familia.

La creación de estas secciones cumple, además, con una de las obligaciones derivadas de lo dispuesto en la Ley Orgánica de protección integral de la infancia y la adolescencia.

Federico Tena lleva unos años ejerciendo como juez de paz en el municipio de Boñar, oficina que se encuentra en el edificio del Ayuntamiento de Boñar. Considera que la figura de juez de paz es muy importante para la comarca y especialmente para una comarca como la que lleva dada la dificultad geográfica y la existencia de una población de edad avanzada. «Con este servicio evitamos que la gente y especialmente la gente mayor se tenga que desplazar a La Robla o a León. En ocasiones en función del tipo de trámite no se lo podrán hacer en el día y estarán obligados a realizar varios viajes. Eso crea un gasto y una incomodidad a la gente. Somos un servicio más con el que cuenta la gente de los pueblos», según Tena.

No obstante, matizó que si al final se elimina esta figura se tendrá que poner tendrán que «poner otra figura para hacer estas funciones y diligenciar documentos para muchas cosas» . Reconoce que las labores judiciales ya les fueron suprimidas aunque sí pueden realizar actos de conciliación. Dentro de sus responsabilidades laborales «hemos asentado los nacimientos, defunciones y matrimonios».

Información elaborada por : José María Campos, María Carnero, José Manuel Castro Acacio Díaz, Armando Medina.