Diario de León

La orden afecta a los agricultores A Título Principal

Léon recibe 110 de las 960 hectáreas de viñedo repartidas por la Junta

La Consejería de Agricultura y Ganadería está ultimando la Orden por la que se asignarán 960 hectáreas de derechos para nuevas plantaciones de viñedo a los viticultores de las Denominaciones

Uvas caídas en una finca de Gordoncillo

Uvas caídas en una finca de Gordoncillo

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EP - VALLADOLID.

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Estos derechos provienen de la asignación que se realizó a España en la OCM del vino y del posterior reparto en la Conferencia Sectorial del 25 de octubre de 1999 en el cual se asignaron a Castilla y León casi 1.200 hectáreas. Además, la mencionada OCM, recoge el establecimiento de una Reserva Comunitaria con 17.000 hectáreas que se asignaran a los Estados Miembros en un futuro. Coag afirma haber trasladado al Director General de Producción Agropecuaria la preocupación del sector vitícola por los posibles efectos que pueda tener la producción de dicha superficie para el desarrollo del sector, al incrementarse la uva existente y producirse la consiguiente caída de los precios. No obstante, señala que la Dirección General ha confirmado que si no se asignan estos derechos se perderán definitivamente, por lo que Coag entiende su urgente distribución, congratulándose de que la Administración Regional haya recogido una de las reivindicaciones históricas de esta organización asigne estos derechos entre los viticultores que están A Título Principal, a los auténticos profesionales del sector. La Coag no entiende por qué la Junta ha esperado al último momento para repartir estos derechos cuando el resto de comunidades autónomas ya adjudicaron su asignación varias campañas atrás, siendo éste además un momento delicado para el sector vitícola que está atravesando una grave crisis de exceso de producción y bajos precios. Para evitar que la producción de estas hectáreas distorsione el mercado y contribuyan a bajar aun más los precios de la uva en las diferentes D.O.s y Vinos de la Tierra, Coag estima que la Administración Regional debería aplicar la normativa existente de control de producción vitícola y exigir al Ministerio que obligue a aplicar esta normativa al resto de las regiones.

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