La Diputación reclama a CHD que no reduzca las choperas en el Plan Hidrológico

La Diputación de León reclama en sus alegaciones al borrador del Plan Hidrológico del Duero (2022-2027) que se revisen las exigencias sobre la plantación de choperas y se adapte la normativa al respecto, «con el fin de que se permita continuar con el desarrollo de este importante sector  socioeconómico para la provincia de León, fuente de empleo y de población  estable en el entorno rural». La institución provincial reclama a que «no se reduzca la superficie disponible, ni se produzcan condiciones que perjudiquen el desarrollo del sector  en la provincia de León con respecto a las condiciones de plantación que se  permiten en el resto de las cuencas hidrográficas del territorio nacional».

En sus alegaciones, la Diputación recuerda que León  acoge entorno a un 44% de las choperas cultivadas en la Comunidad, «lo que da una idea de la relevancia del sector para provincia, más aun teniendo en cuenta que la Comunidad Autónoma produce el 65% del total nacional de este tipo de materia prima». 

A su juicio, el hecho de que el nuevo documento normativo que forma parte del Borrador añada los conceptos de «cauce activo» y «anchura mínima de espacio ribereño», incrementa la «complejidad de la interpretación de la norma», lo liga al deslinde cartográfico que  se haga en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas lnundables (SNCZI) y «genera dudas sobre la repercusión última que todo ello supone sobre aspectos  tales como: la superficie disponible para el ejercicio de la populicultura y el  condicionado final que se aplicará a las futuras solicitudes de cultivos y plantaciones  arbóreas en las proximidades de los ríos».

La institución provincial añade que que el tratamiento del cultivo del chopo en el PHD «dejaría en aparente  desventaja a los populicultores que desarrollan su actividad en la provincia de León  dentro del ámbito de la cuenca de Duero, frente a los que desarrollan su labor en  territorios incluidos en otras cuencas hidrográficas, como la cuenca del Ebro o la del Miño-Sil.

También aporta que en el marco de una «gestión forestal sostenible», además de un rendimiento económico y un apoyo al desarrollo rural, «las plantaciones de chopo han demostrado favorecer la consecución de una serie de  beneficios ambientales y sociales en las zonas donde se ubican, tales como la  conservación de los suelos, la laminación de las avenidas, la depuración de las aguas,  o la captación de CO2 entre otras».

Otra de las cuestiones que reclama en sus alegaciones es que se incluya el nuevo regadío de Valderas, de 1.000 hectáreas, así como «una medida que refleje la ejecución de otros estudios tendentes a planificar más actuaciones que se puedan ir concluyendo, en lo que se refiere a su ejecución, en los siguientes horizontes de la planificación.

También se reclama que se revise el borrador sobre los pozos de minas, con la búsqueda de una normativa que  permita regularizar estos pozos, así como «la eliminación de las referencias a posible imposición de peajes para la solicitud de modificación de características en las concesiones, que sean causadas por motivos agronómicos». 

Asimismo, reclama la eliminación de las referencias que se orienten a aplicar en un territorio limitaciones, «con independencia de cual sea su situación respecto al  índice de explotación y tendencia de niveles piezométricos» y el impulso al funcionamiento de las Cuas.

«En ellas se tendrán que incorporar los pozos de minas una vez regularizados, aportando su volumen concesional». Respecto a la contaminación difusa, pide «la sustitución de soluciones limitativas por soluciones basadas en la adopción de medidas de uso sostenible, tales como la mejora de los fertilizantes para conocer el origen  y actuar de forma sostenible o impulsar la formación e información sobre uso de herramientas y actuaciones para el uso adecuado de la fertilización».